LLENAR CÁRCELES CON MIGRANTES Y NEGROS ES UN GRAN NEGOCIO PRIVADO
EMPRESAS INSISTEN EN CONTRATOS QUE DEFINEN QUE EL CUPO CARCELARIO SE DEBE MANTENER MAYOR A 90%
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El dramático incremento de encarcelación en Estados Unidos no corresponde únicamente a un aumento en la tasa de criminalidad, sino más bien a nuevas leyes y políticas impulsadas por políticos federales y estatales, bajo la consigna electoralmente efectiva de mano dura contra el crimen y ley y orden, impulsada a partir de los 70. 

En este contexto, la llamada guerra contra las drogas fue el mayor factor en el explosivo crecimiento de la población encarcelada, y con ello también se manifestó lo que no pocos críticos señalan como una guerra contra las minorías

Aproximadamente la mitad de los recluidos en prisiones federales están ahí por delitos no violentos relacionados con drogas ilícitas. Como consecuencia de la llamada guerra contra las drogas, el número de reos por transgresiones no violentas de normas antinarcóticos en las prisiones federales y estatales se ha incrementado desde 1980. En 1989 había unos 40 mil encarcelados por crímenes relacionados con enervantes, actualmente suman casi 500 mil.

La disparidad racial en la aplicación de estas leyes antinarcóticos en el país ha sido ampliamente documentada: los negros representan entre 14 y 15% de los usuarios de droga ilícita, pero significan 37% de los arrestados por delitos relacionados con narcóticos, 59% de los condenados judicialmente y 74% de los que reciben sentencias penales. Como resultado hay más hombres negros en las prisiones o cárceles, o en libertad condicional, que los que estaban esclavizados en 1850.

Es por ello que algunos critican la llamada guerra contra las drogas como una guerra contra los pobres y las minorías tanto al interior de este país como en su dimensión internacional.

En promedio, alojar a un reo cuesta entre $20 mil y $30 mil al año, y la explosión de la población encarcelada ha contribuido a los graves déficit fiscales de gobiernos estatales en construir y operar prisiones. 

Pero para algunos, esto representa un gran mercado. Con el auge en la industria carcelaria, este sector ahora se está privatizando, lo que genera cada vez más ganancias masivas, con empresas que insisten en contratos que definen que el cupo se debe mantener mayor a 90% (si no, el estado paga por la ausencia de reos), ya que las ganancias se generan por huésped en estos “hoteles del infierno”.

El crecimiento en ganancias requiere de cada vez más reos y, por tanto, estas empresas invierten millones en cabildeo político para mantener altas las tasas de encarcelamiento y leyes que establecen condenas largas.

Casi 130 mil reos están ahora en prisiones estatales o federales operadas por empresas privadas. En 2010 y 2011, las dos firmas más grandes dedicadas al negocio de prisiones recibieron casi $3 mil millones en ingresos por año. La más grande, Corrections Corporation of America (CCA), opera 66 prisiones en 20 estados, con la segunda más grande, GEO Group, operando 65, reportó ProPublica, centro de periodismo de investigación.

Pero ahora, el sector de mayor crecimiento en esta industria es el de inmigrantes arrestados por el gobierno federal, y las empresas privadas están a cargo de casi 50% de éstos. El Servicio de Inmigración (ICE) encarcela aproximadamente 400 mil indocumentados cada año, y gasta casi $2 mil millones en estas operaciones.

El American Legislative Exchange Council (ALEC, organización dedicada a promover leyes estatales conservadoras y pro empresariales), ha logrado impulsar leyes en varios Estados para explotar la mano de obra encarcelada no sólo para trabajos de gobierno, como era antes, sino para empresas privadas. 

Casi un millón de prisioneros trabajan ahora fabricando muebles, en los centros de atención telefónica, en rastros y en campos agrícolas, hasta en la fabricación de zapatos, a cambio de sueldos muy inferiores al mínimo; a veces les pagan sólo entre 93 centavos o menos de $5 por día, o sea, ganan menos que trabajadores en China o en las maquiladoras en México.

 

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