LA REFORMA EDUCATIVA DE PEÑA NIETO ENCALLA EN LOS ESTADOS DEL SUR
LOS MAESTROS DE OAXACA, GUERRERO Y MICHOACÁN IMPIDEN EL AVANCE DE LA NUEVA LEY
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A dos años de la aprobación en México de una nueva ley de educación, una de las reformas estructurales prometidas por el presidente Enrique Peña Nieto, el fantasma de las protestas continúa y la legislación apenas ha avanzado en el sur del país.

La reforma educativa, una ley de rango constitucional que propone una remodelación de las condiciones laborales del magisterio y amplía la autonomía y participación de las escuelas, se topó desde el comienzo con la oposición de una parte disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La mayor organización gremial en América Latina, otrora apoyo fundamental del Gobierno en turno, se vio debilitada tras la encarcelación en febrero de 2013 de su líder, Elba Esther Gordillo, acusada de fraude, delincuencia organizada y lavado de dinero. Desde entonces, la facción opositora del sindicato, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ha mantenido un pulso con el Gobierno federal, lo que ha ralentizado la implantación de la reforma en varios Estados.

Entre los escasos logros hasta ahora de la nueva ley, que promueve un sistema de evaluación para maestros -una de las medidas más rechazadas por el magisterio-, establece concursos oficiales y acaba con la herencia de plazas, ha sido la elaboración del primer censo de profesores en el país, que arrojó la cifra de 1.200.000 docentes.

El último conato de enfrentamiento entre Coordinadora y Gobierno se produjo cuando cientos de maestros hicieron un campamento durante tres días en la capital del país  exigiendo el pago inmediato de la nómina a más de 6.000 trabajadores de la educación que no se encuentran en el censo oficial que baraja la Secretaría de Educación Pública.

Aunque parezca imposible, México comenzó el siglo XXI sin saber cuántos profesores tiene. El velo fue una herramienta en favor de los caciques gremiales que manipulaban la nómina a su antojo durante décadas. Una de las primeras acciones de la reforma fue esa: contar a los maestros que dan clase en las escuelas públicas del país. Los resultados fueron presentados en 2014 y pusieron en evidencia los desajustes y carencias del sector educativo. Se halló que nadie conocía a más de 39.000 maestros de los más de dos millones de empleados (profesores y administrativos) que se contaron. Asociaciones civiles como Mexicanos Primero creen que estos puestos fantasmas fueron usados para desviar cantidades “multimillonarias de dinero” a los aparatos de la cúpula sindical.

El censo también indicó que existen más de 200.000 escuelas. Entre ellas 2.241 fabricadas con materiales precarios, más de 14.444 que no tienen pizarrones en todas sus aulas, 36.264 sin agua, 20.152 sin baños y 18.564 sin energía eléctrica. Más de 100.000 no tienen conexión a Internet. En peores condiciones, la Secretaría de Educación valora que hay 20.000 colegios. Estos se encuentran en situación de alto y muy alto deterioro, con mayor grado de carencias en servicios básicos, infraestructura física y equipamiento.

Entre los pilares básicos de la reforma está el reducir la desigualdad en el acceso a la educación y aumentar la autonomía y participación de las escuelas

La información, sin embargo, se encuentra incompleta porque algunas secciones sindicales de la CNTE se negaron a participar en rechazo a la reforma. El conteo no se llevó a cabo en el 27% de las escuelas de Oaxaca y Michoacán. El 41% de las escuelas de Chiapas, un Estado que presenta mucho retraso educativo y altos índices de pobreza, también quedó fuera.

La Ley del Servicio profesional Docente establece un sistema de evaluación para los profesores en activo. El carácter obligatorio de las pruebas, que condicionan la permanencia en el servicio, es una de las medidas más polémicas de la reforma. En el segundo semestre de este año se celebrarán los primeros exámenes. La SEP evaluará en 2015 a tan solo 300.000 maestros. En cuatro años, 1.200.000 docentes pasarán los controles. El Instituto Nacional de Evaluación, un organismo que nació con la nueva ley, será el encargado de la organización de los exámenes, así como de certificar a los propios evaluadores que deberán dirigir las pruebas. La disidencia en Oaxaca, Michoacán y Guerrero no reconoce este sistema y se niega a participar.

 

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