La obesidad es considerada uno de los problemas más grandes que enfrenta la humanidad y se calcula que la obesidad tiene un costo para la economía global de US$2 billones.

Más de 600 millones de personas, o el 13% de la población adulta mundial, son obesas. La proporción subió más del doble entre 1980 y 2014, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Gobiernos nacionales y locales tratan de abordar la obesidad, que se define como tener un índice de masa corporal –basado en la proporción entre la altura y el peso- superior a 30.

A menudo, los países que intentan controlar este problema de salud pública hacen frente a acusaciones de ser un “Estado niñera” y se encuentran con la oposición de empresas de alimentos y bebidas.

Los intentos han sido irregulares y los expertos no se ponen de acuerdo sobre qué, si es que hay algo, funciona.

En 2011, Dinamarca introdujo un “impuesto a la grasa” en alimentos que contienen más del 2,3% de grasa saturada, pero el alza de precios impulsó a los consumidores a cruzar la frontera hacia Alemania. La medida se revocó un año más tarde y el gobierno canceló planes de poner un impuesto al azúcar.

En 2012, Francia cuadriplicó su impuesto sobre el aceite de palma enriquecido con grasa saturada, con lo que se dobló “la tasa Nutella” porque el popular producto contenía el ingrediente.

Votantes en Berkeley, California, respaldaron propuestas para imponer un impuesto de un centavo los 28 gramos en bebidas gaseosas, en un referendo el año pasado.

Las bebidas fueron vetadas de las escuelas en Nueva Gales del Sur, Australia, en 2007 pero no siempre se ha respetado la medida.

Mientras tanto, familias británicas y de distintos estados de EE.UU. reciben cartas de advertencia cuando los informes escolares reflejan que los hijos tienen sobrepeso.

Y en estos días Puerto Rico debate si multar a los padres que no consigan que sus hijos pierdan peso. Pero, ¿funcionaría una medida de este tipo? La propuesta de Puerto Rico contempla que los profesores den la voz de alarma cuando detecten casos de obesidad infantil en la escuela.

Hasta ahora, las políticas contra la obesidad se han centrado principalmente en imponer tasas o en ofrecer información.

Pero ahora políticos de Puerto Rico, territorio no incorporado de EE.UU., iniciaron un debate sobre si el gobierno debe involucrarse más en una de las razones que se percibe como más importante para explicar el crecimiento de la obesidad infantil: una crianza irresponsable.

Si la asamblea legislativa aprueba los planes del senador Gilberto Rodriguez Valle, los profesores deberán estar atentos a estudiantes que, en su opinión, estén obesos.

Así, deberán referir los casos que detecten a un consejero o, en situaciones severas, a un asistente social.

Funcionarios de salud se encontrarán con los padres y decidirán si la obesidad está causada por comer demasiado o es una condición médica.

Si el problema es la comida, los padres tendrán que establecer una dieta y un programa de ejercicios, con visitas mensuales por parte de las autoridades para asegurarse de que se sigue el plan.

Después de seis meses, examinarán de nuevo al niño. Los padres se enfrentarán a multas de hasta $800 si no hay mejora en un año.

En 2013, el 27,9% de los adultos de Puerto Rico fue descrito como obeso.

La cifra para los niños menores de cuatro años -17,9%- es la más alta de todos los estados y territorios de EE.UU.