¿Así es que el Hospital de Niños de Arkansas (ACH) en Little Rock no va a contratar a personas que fuman, pero seguirá contratando a personas que son obesas?

En mi opinión, ACH adoptó ahora una política que es una forma inusual de discriminación instituida por sus directivos y bienhechores. Pero me irrita que específicamente se dirija  a los fumadores, pero no a los que tienen sobrepeso o son obesos o sufren de alguna otra condición limitante, los que todavía pueden ser contratados. 

Fumar es malo pero también lo son un montón de otras cosas, y la obesidad ocasiona probablemente más problemas y más tiempo perdido en el trabajo, que fumar.

¿Porqué alguien querría trabajar para una organización que no tiene en cuenta todos los derechos de los pacientes, empleados y padres de familia?

Hemos llegado al punto en este país donde la gente quiere involucrase demasiado en la vida personal de los demás, en los que por una razón u otra, quieren imponer sus creencias a los demás. A pesar de que los legisladores de Arkansas parecen ser bien educados, no tienen sentido común como lo demostraron con su proyecto de ley discriminatoria HB1228. Si fuese común, todo el mundo lo tendría incluyendo a nuestros congresistas y los administradores del ACH.

LA IGUALDAD VENCE A LOS PREJUICIOS

Las protestas masivas obligaron a dos Estados (Arkansas e Indiana) a modificar sus leyes sobre libertad religiosa, las que abrían la puerta a la discriminación de los derechos de los homosexuales, todo en nombre de la libertad religiosa. Las manifestaciones y pronunciamientos de las mayores empresas del país, casi al unísono, lograron que ambos Estados dieran un paso atrás para evitar que las leyes sean utilizadas para discriminar contra gais y lesbianas. 

Pero su iniciativa ha sacado a la luz el intento del sector más conservador de la sociedad estadounidense, de impedir la consolidación de unos derechos que muchos ya consideran inevitables. La Casa Blanca rechazó ambas leyes porque “renuncian a los valores que defienden los ciudadanos”.

El tira y afloja entre los conservadores y la comunidad homosexual, es el mismo que sucedió a las primeras regulaciones del derecho al aborto o el acceso a los anticonceptivos. La sociedad estadounidense, impulsada por un cambio demográfico que forma una nación más diversa y más progresista, respalda ampliamente el derecho a la igualdad de los homosexuales. En el extremo contrario, la libertad religiosa se convierte en el último recurso legal de los conservadores contra ese cambio.

Seis de cada 10 votantes apoyan el matrimonio entre personas del mismo sexo y siete de cada 10 viven en uno de los 37 Estados donde está reconocido el matrimonio homosexual. Un 72% cree que el matrimonio igualitario es inevitable, según datos del Centro Pew.

La Corte Suprema fallará esta primavera si los homosexuales tienen derecho a casarse y esa sentencia podría poner fin al debate en los Estados. 

Los republicanos invocan una ley de derechos religiosos de Bill Clinton en 1993, pero el país ha cambiado profundamente desde entonces. Estados Unidos busca ahora como poder convivir la libertad religiosa y los derechos de las minorías. 

Los conservadores libran una batalla entre sus propios partidarios, obligados a satisfacer a los votantes de mayor edad, sin poner en peligro el futuro con un electorado cada vez más joven, más diverso y más abierto a los cambios sociales de lo que lo ha estado nunca.