EL VOTO PARA TODOS
Por Michel Leidermann

El pasado 7 de marzo se celebraron los 50 años de las marchas por los derechos civiles en los Estados Unidos, siendo una de las más conocidas la marcha en la ciudad de Selma en Alabama. La represión de esa marcha se conoció como “Domingo Sangriento”. Asimismo, ese día se celebra la promulgación del la Ley de Derecho al Voto de 1965 que generó mecanismos para asegurar que grupos minoritarios pudieran votar.

Hasta el movimiento civil estadounidense de mediados del Siglo XX, existían limitantes que permitían que ciertos grupos de la población pobre o de minorías raciales fueran excluidas del proceso democrático. La base jurídica de estas leyes se encontraba en las conocidas Leyes de Jim Crow que permitían un sistema de segregación racial por el cual millones de afroamericanos fueron discriminados en el voto, en el uso del transporte público, en los restaurantes y en el tipo de educación que podían recibir.

Aunque la 15ª Enmienda a la Constitución estableció en 1870 que los Estados no podían impedir el acceso al voto basado en raza, color o condición anterior como esclavo, los gobiernos locales encontraron como restringir dicho acceso. Un ejemplo de esto era el pago de impuestos que se exigía para inscribirse y votar. Aunque cobrado a toda la población, dicho impuesto afectaba de manera exagerada a grupos de bajos ingresos, afroamericanos, y blancos pobres o jóvenes. Posteriormente, la 24ª Enmienda a la Constitución, en 1964, prohibió a los Estados que cobraran estos impuestos. 

Sin embargo, antiguos mecanismos de exclusión política a las minorías que muchos creían muertos, ahora parecen revivir y buscan también excluir a miles de latinos que forman parte del sistema político estadounidense, a través de leyes de identificación del votante. Estas leyes electorales promulgadas por 10 Estados de la Unión exigen que el votante presente un documento de identificación estatal valido y con foto.

De acuerdo a sus defensores, esta legislación intenta disminuir los casos de fraude electoral. Lo débil de este argumento es que un estudio encontró que solo hay 31 casos creíbles de fraude electoral por falsa identificación en el alrededor de 1.000 millones de votos desde el año 2000.

Dichas leyes, que intentan solucionar un problema casi inexistente, afectan a grupos minoritarios que de por sí ya votan poco. Otro estudio del 2012 encontró que en los 10 Estados con las leyes de identificación más restrictivas, cerca de 1,2 millones de afroamericanos y alrededor de 500.000 latinos elegibles para votar, viven a más de 10 millas de una oficina que esté abierta más de dos días a la semana y donde puedan obtener esta identificación.

Además impone un costo adicional. Solamente para obtener una copia del certificado de nacimiento se debe pagar entre $8 y $25. 

Para ponerlo en perspectiva, la forma de hacer política parece no ser una cosa del pasado, excluyendo a ciertos votante es más fácil que ganar su apoyo.

Lamentablemente, ahora los excluidos ya no son solamente los afroamericanos, sino también los latinos que necesitan ver como propia la interminable lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, y su derecho a votar y elegir a quienes mejor defiendan sus intereses.

 

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Michel Leidermann
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