LA CORTE SUPREMA QUE SALVÓ DEL DESASTRE A OBAMACARE
Por Michel Leidermann

Una demanda de fuertes tintes políticos y justificada en lo que muchos consideraron un mero formulismo semántico o retórico, puso a temblar toda la estructura de salud de Estados Unidos, un sistema de por sí caro, complejo y conflictivo. Al final, y tras un cierto periodo de incertidumbre, la Corte Suprema determinó por 6 votos contra 3, la validez de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, mejor conocida como Obamacare, en el singular aspecto de los subsidios para comprar pólizas de cobertura médica privadas otorgados en el mercado de seguros federal creado en el marco de esa ley.

La disputa tiene una larga historia ideológico-política y está enraizada en el rechazo continuo que los republicanos han mostrado hacia Obamacare (han tratado de abolir la ley en la Cámara de Representantes). Así, en batalla se presentó una demanda judicial que atacó un curioso resquicio.

Como explica la radio pública NPR, un apartado del texto legal señala, en términos generales, que se podrán conceder subsidios para la compra de seguros médicos en un mercado establecido “por el Estado”. Obamacare previó la creación de mercados electrónicos en línea en los que aseguradoras ofrecen a los individuos pólizas de cobertura médica de diferentes niveles y precios, y las personas pueden comprarlas a precios subsidiados por el gobierno dependiendo del nivel de ingreso del individuo o familia (a menor ingreso, mayor subsidio).

Obamacare, igualmente dio a los Estados la facultad de crear y operar su propio mercado de seguros (California o Nueva York) o de no hacerlo a lo que optaron 34 estados y para los cuales el gobierno federal ofrece su propio sistema de coberturas a la población.

Pero la demanda señaló que la ley implica que los subsidios sólo son válidos en los mercados establecidos “por el Estado” y consideró que esa provisión debía ser entendida de modo literal. Por ende, los subsidios concedidos en el mercado federal, que beneficia a millones de personas, serían ilegales.

Mucho se criticó que la demanda recurría a un aspecto meramente semántico, pues el espíritu de la ley siempre implicó que los subsidios debían ser para todos los elegibles, y que el término “por el Estado” se entendía tanto para lo estrictamente estatal como para el estado federal.

Con todo, el fallo de la Corte Suprema podría suponer la muerte, o al menos el estancamiento de los mercados establecidos por los Estados, pues si los subsidios resultan iguales sin importar el mercado que los asigne, no habría grandes incentivos en establecer un sistema propio y costoso a nivel estatal.

La idea de los mercados estatales era, además de darle al sistema un espíritu descentralizado, permitir que las entidades estatales de regulación de seguros tuvieran plena jurisdicción sobre lo que se ofrece y vende en esos mercados y dar a sus administradores capacidad para ofrecer opciones que respondan a las condiciones específicas de cada estado.

Pero el mero hecho de que la Corte Suprema haya admitido la demanda generó escalofríos: la posibilidad de que el tribunal diera la razón a la demanda implicaba que 13 millones de personas estarían en riesgo de perder sus subsidios y 8 millones de quedarse por completo sin cobertura médica. 

Eso habría sido la debacle total de la mayor iniciativa del gobierno de Barack Obama y lo que será, a la postre, su principal legado. 

 

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