DENUNCIAN QUE ORDENARON A MILITARES MEXICANOS ABATIR A CIVILES EN TLATLAYA
La ONG “CENTRO PRODH” EXHIBE DOCUMENTOS DE LA MASACRE REGISTRADA HACE UN AÑO EN EL ESTADO DE MÉXICO
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Abatir delincuentes en horas de oscuridad”, esa fue la orden que se les dio a los militares que integraban la Base de Operaciones “San Antonio del Rosario” y que estuvieron involucrados en la posible ejecución extrajudicial de 22 personas el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.

Así lo documentó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) al tener acceso a la Orden de Relevo y Designación de Mando, dirigida al Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, quien estaba al mando del personal de tropa. 

Las pruebas fueron presentadas el jueves 2 de julio en un informe.

El documento presentado refiere que la Orden de Relevo es subsecuente de la Orden General de Operaciones de la Base de Operaciones “San Antonio del Rosario”, que establece las prescripciones de los mandos y las tropas que participan en actividades de apoyo a la seguridad pública. Es la Base de Operaciones del 102 Batallón de Infantería del Ejército.

En su fracción VII, la Orden de Relevo -emitida el 11 de junio de 2014, 19 días antes de la masacre en Tlatlaya- estipula que “las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario”.

Para el Centro Prodh, la instrucción de abatir delincuentes “incita a privar arbitrariamente de la vida a civiles en el momento en que estos se consideren delincuentes, sin presunción de inocencia ni juicio previo”, como refiere en su informe Tlatlaya a un año: la orden fue abatir, dado a conocer este día.

La masacre en la que 22 personas perdieron la vida a manos de militares, ocurrió la madrugada del 30 de junio de 2014 y en una bodega en la comunidad San Pedro Limón, en Tlatlaya.

La versión oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue que se había tratado de un enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes. Pero testimonios de las testigos de los hechos y la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) echaron por tierra esa versión al referir posibles ejecuciones extrajudiciales.

El informe del Centro Prodh no sólo hace referencia a la responsabilidad militar en los hechos, sino que señala que hay varios aspectos de la investigación y los juicios que no han sido suficientemente esclarecidos.

Entre ellos destaca la significativa diferencia entre el número de víctimas establecido por la CNDH y las declaraciones de los sobrevivientes y el número de víctimas respecto de las cuales la PGR ha ejercitado acción penal por homicidio. Hasta ahora, sólo son 8 los homicidios por los que se ha ejercido acción penal contra 7 militares. De acuerdo con la teoría oficial, el resto habrían muerto a consecuencia de un enfrentamiento. 

 

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