LA POBLACIÓN CARCELARIA Y LOS GASTOS LIGADOS SE HAN DISPARADO EN ARKANSAS
EN ARKANSAS LA POBLACIÓN CARCELARIA CRECIÓ 700% EN 40 AÑOS
Por Michel Leidermann
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En 2014, las prisiones de Arkansas albergaban a 4490 encarcelados. Sobre la base de un mayor crecimiento durante el primer trimestre de 2015, unos 5.700 delincuentes podrían regresar a prisión este año, según las proyecciones de

Wendy Naro-Ware con el Instituto JFA que trabaja en colaboración con las autoridades federales, estatales y agencias gubernamentales locales y fundaciones filantrópicas para evaluar las prácticas de justicia penal y recomendar soluciones.

La mayoría de la gente probablemente piensa que las tasas de encarcelamiento y las tasas de criminalidad corren a la par, pero la tasa de criminalidad en Arkansas y del país en general, ha estado en declive desde comienzos de la década de 1990.

Sin embargo, debido a las leyes duras contra el crimen y la llamada guerra contra las drogas, más personas están tras las rejas en Arkansas que nunca antes: la población carcelaria de Arkansas ha crecido un 700% en 40 años. En 1975, había 2.352 personas encarceladas en prisiones estatales. En julio de 2015, había 18.843 bajo jurisdicción del Departamento de Correcciones de Arkansas (ADC). Ese número incluía 2.677 que fueron alojados en las cárceles de los condados debido a que el ADC no tenía lugar para ellos en sus instalaciones estatales. 

De ese total, 10.273 (54.68%) eran blancos, 7.831 (42.68%) eran negros, 522 (2.78%) eran latinos, y el resto 162 (0.86%) de otras razas. 

Para 2025, según las proyecciones de Naro-Ware, habrá más de 25.000 presos en las cárceles de Arkansas.

Debido a la formulación de políticas reaccionarias, la población carcelaria de Arkansas está creciendo más rápido que casi todos los demás estados. Tal crecimiento es caro. El costo anual promedio de encarcelar a alguien se ha más que duplicado en los últimos 40 años. En 2014, cuesta un promedio anual de $ 23.000, tanto como la matricula de un año en la Universidad de Arkansas.

La solución en Arkansas y en otros lugares, fue poner prisiones o presos bajo el control de contratistas privados. En 1880, bajo la supervisión privada, el 20% de los reclusos estatales murió. Un comité de la Cámara de Representantes de Arkansas calificó “el sistema de contratos cruel, bárbaro e inhumano y totalmente en desacuerdo con la civilización de la época”, pero, “debido a la actual vergonzosa situación financiera del Estado” no hizo ninguna recomendación para un cambio.

El sistema de contratistas privados se mantuvo en Arkansas hasta 1913, pero las condiciones no mejoraron. Un comité de la Cámara estatal en 1941, informó que los presos eran golpeados y torturados, insuficientemente vestidos y servidos comida casi incomible, pero no se tomaron medidas para mejorar las condiciones.

Un informe policial de 1966 hablaba de días de trabajo de 14 horas y del infame “Tucker Telephone”, un anticuado teléfono de manivela utilizado en Granja Penal Estatal Tucker que había sido modificado para enviar una descarga eléctrica a través de electrodos colocados en el dedo gordo y los genitales de un preso.

Cinco años más tarde, en 1971, un juez federal dictaminó que todo el sistema penitenciario de Arkansas violaba la prohibición de la 8ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos contra el castigo cruel e inusual. Era la primera vez que el sistema penitenciario de todo un Estado quedaba bajo supervisión judicial federal y permaneció así hasta 1982.

A principios de 1970, muchos criminólogos habían llegado a creer que las cárceles no funcionaban y debían ser eliminadas. No encontraron ninguna evidencia de que el encarcelamiento de más personas, disminuía el crimen. “El sistema penitenciario estadounidense hoy, parece ofrecer una protección mínima del daño público y máxima para el delincuente”, decía un informe de 1973 de la Comisión Nacional Consultiva sobre Normas y Objetivos de la Justicia Penal, que recomendó una moratoria de 10 años en la nueva construcción de cárceles en todo el país y sugirió que las penas para todos los criminales, por primera vez, independientemente del delito, seria de máximo 5 años, y las condenas para los reincidentes no serian de más de 25 años.

En 1972, menos de 350.000 personas se encontraban en las prisiones y cárceles de los EE.UU. Hoy en día, hay más de 2,3 millones.

Encarcelar en gran número a gente que abusa o vende drogas es un acontecimiento relativamente moderno. En 1980, sólo había 19.000 personas en prisiones estatales por cargos de drogas. En 2013, había 210.000.

¿Qué pasó? Una explicación es que el crimen se disparó a finales de 1960 y siguió aumentando a lo largo de los años 70 y 80, consecuencia de cuando el “crack” invadió las ciudades del interior de todo el país. El público exigía acción, y los políticos conservadores y algunos liberales se unieron para poner más policías en las calles y más delincuentes tras las rejas por plazos más largos.

La conformidad conservadora a una reforma de la justicia penal, ha retomado impulso. Quizá por primera vez en la historia, los candidatos a la nominación presidencial republicana 2016 han estado hablando de mantener a la gente fuera de la cárcel.

En 2012, el American Legislative Exchange Council (ALEC), una coalición de legisladores estatales de derecha (incluyendo muchos de Arkansas), disolvió un grupo de trabajo sobre seguridad pública que defendía leyes para rígidas sentencias y la legislación “stand-your-ground” (defiende tu posición), en favor de nueva legislación para expandir los esfuerzos comunitarios de los Departamentos de Correcciones y luchar contra “el exceso de la criminalización”.

A partir de 1977, la Legislatura de Arkansas constriñó las leyes de libertad condicional y obligó a los delincuentes habituales a servir codenas más largas. En 1993, con los números de presos y crímenes en aumento, los legisladores crearon el Departamento de Corrección de la Comunidad (CAC) como un medio de aliviar el hacinamiento de las cárceles a través de la libertad condicional, al tiempo que endurecían las penas para los delincuentes habituales.

En mayo de 2015, había alrededor de 29.500 personas en libertad condicional, que habían sido liberadas de la cárcel, siempre que cumplieran determinadas condiciones. La población en libertad condicional en Arkansas se ha cuadruplicado desde 1997. Arkansas tuvo el segundo mayor número de personas en libertad condicional en el país en 2013.

Una tabla de sentencias se puso en efecto en 1994 y todavía está en uso. Toma en cuenta la gravedad del delito y los antecedentes penales del delincuente: Una puntuación por debajo de cierto nivel permite a un preso servir un tercio de su condena en la cárcel, menos su tiempo por buena conducta, y completar el resto de su sentencia en libertad condicional. Un puntaje por encima de un cierto nivel, eleva el umbral a la mitad de la sentencia, menos su tiempo por buena conducta. Si un preso no recibe sanciones disciplinarias, gana un buen crédito de tiempo por cada día en que está encarcelado, que significa que podría servir tan sólo una sexta o una cuarta parte de su condena, según el lugar donde su sentencia cae en la tabla.

Pero en los años siguientes, los legisladores establecieron excepciones a los niveles de sentencia para ciertos delitos elegibles para libertad condicional después de servir 70% de su condena, crearon leyes para dos y tres reincidencias que eliminaron la libertad condicional a los reincidentes, y promulgaron leyes con largas condenas, especialmente dirigidas a cargos por metanfetamina. Esos cambios aumentaron masivamente los números en la prisión estatal. Desde 1997, el tiempo promedio que los reclusos sirven,  ha aumentado de 30 meses a casi 53 meses.

Mientras tanto, cambios están ocurriendo. Estados conservadores con largas tradiciones de “ley y orden” como Georgia, Carolina del Sur, Kentucky y Mississippi, han promulgado importantes leyes orientadas a la desaceleración del incremento de presos y ayudando a los delincuentes a volver a reintegrase en la sociedad.

En julio 2014, Benny Magness, el presidente de la Junta Estatal de Corrección de Arkansas, dijo a un panel legislativo que el Estado necesitaba construir una nueva prisión por $100 con un total de 1.000 camas y alrededor de $25 millones al año para operar.

En lugar de financiar la nueva prisión, la Legislatura de Arkansas aprobó por abrumadora mayoría, la Ley de Reforma de la Justicia Penal. Creó puntos de acceso para solicitar Medicaid a casi todos los delincuentes en el CAC o el ADC, ya que un población más sana es menos propensa a la delincuencia; y estableció grupos de trabajo para considerar una amplia variedad de innovaciones en la justicia penal, incluida la ampliación y estandarización de tribunales especializados, donde los adictos, los veteranos o los enfermos mentales que cometen delitos, podrían ser desviados a instituciones fuera de la cárcel.

Esas opciones vienen con altos costos, ya sea en dinero o capital político.

El gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, anunció una reunión “cumbre” basada en la fé en agosto 2015, para discutir soluciones y proporcionar más servicios de reingreso a la sociedad a los delincuentes en libertad condicional, así como maneras de ayudar al creciente número de niños en hogares de crianza del estado.

Mientras tanto, algunos “iluminados” políticos de Arkansas temen que la reforma no está exenta de riesgos. En 2011 la legislatura aprobó un paquete de fuertes reformas destinadas a frenar el crecimiento de la población encarcelada, reduciendo las sentencias para algunos delitos por drogas y robo y añadiendo varias medidas para ampliar la libertad condicional. Como resultado, la población carcelaria de Arkansas se redujo en 2011 y de nuevo en 2012.

Se espera que los grupos de estudio creados por la nueva ley de 2014 entreguen sus conclusiones antes de la próxima reunión general de la legislatura en 2017 y se logre reducir la carga y costo carcelario, y dar nuevas oportunidades a los condenados  reformados y reintegrados a la sociedad.?

 

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par Michel Leidermann
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