Deficiente e inhumano sistema de detención de inmigrantes
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Los centros de detención de indocumentados y solicitantes de asilo en Estados Unidos podrían ser ampliados a pesar de que, según los críticos, albergan a miles de extranjeros en las malas condiciones, tienen un costo excesivo y están mal regulados.
Los proyectos de ley sobre inmigración que actualmente se encuentran en el Congreso añadirían muchos miles de camas a la red de instalaciones de detención, si es que son aprobados.
El sistema, supervisado por la oficina de inmigración y aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), detiene por día a unas 21,000 personas, en su mayoría durante varias semanas y a otras por años. Algunos, como Neepaye, son solicitantes de asilo; otros son inmigrantes ilegales o extranjeros que tenían tarjetas de residencia en Estados Unidos pero enfrentan la deportación por tener problemas con la justicia.
En el curso de un año más de 200,000 personas pasan por cualquiera de los tres tipos de esas instalaciones: 8 administradas por la ICE, 6 por empresas privadas y 312 prisiones municipales que tienen rentables contratos federales y albergan a casi el 57% de los detenidos.
Grupos que defienden los derechos de los inmigrantes consideran que se trata de un sistema apretujado que resulta caro y difícil de regularizar. El costo promedio diario por detenido es de casi $90, de acuerdo a la ICE, muy por encima del costo por interno en las prisiones federales y estatales.
“La ICE no ha hecho un buen trabajo con las instalaciones que maneja directamente, mucho menos con las que de en concesión”, dijo Judith Greene, especialista en prisiones. “Hablar de duplicar o triplicar el sistema, sin algún tipo de reestructuración, es la receta de una pesadilla”, indicó la experta de Nueva York.
El ICE defiende su desempeño al decir que ha reducido el lapso promedio de detención de 90 a 20 días con la agilización del procedimiento de deportación.
En el Congreso, las críticas al sistema de detención tuvieron poco impacto, pues las dos cámaras propusieron ampliaciones significativas de los centros en sus proyectos de inmigración. La iniciativa del Senado, aunque más moderada en algunos temas, planteó el mayor incremento: veinte nuevas instalaciones con 20,000 camas.
El Departamento de Seguridad Interior, que dirige a la ICE, afirma que necesita 35,000 camas más para retener a todos los indocumentados en espera de la deportación.
Los detenidos, sin la calidad de ciudadanos, no tienen derecho automático a aseoría legal. La mayoría, formada por indigentes y sin contactos locales, depende de la escasa ayuda gratuita o llevan el trámite sin ésta, lo cual reduce sus posibilidades de ganar apelaciones.
A petición de demócratas de la Cámara de Representantes, la Oficina General de Fiscalización (GAO) decidió investigar el supuesto maltrato a detenidos y examinar la forma en que la ICE revisa las condiciones en que están. Han existido numerosas quejas de mala atención nutricional y médica.
Los críticos del sistema plantean que sólo los indocumentados de alto riesgo deberían estar confinados y que la mayoría de los detenidos podrían ser liberados, con un enorme ahorro, si la ICE ampliara los programas piloto que han logrado (con estrecha supervisió) persuadir a las personas para que se presenten a defender sus casos en las cortes.
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