CORTE SUPREMA FALLARÁ SOBRE EL CRECIENTE PODER POLÍTICO DE LA COMUNIDAD LATINA
DEMANDA CUESTIONA  LA CALIFICACIÓN DE LOS VOTANTES
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La  Corte Suprema de EE.UU. se convirtió hoy en testigo de la lucha por el poder del voto latino en Texas durante una audiencia crucial para el mapa electoral de futuras elecciones, donde podrían ganar influencia los votantes rurales blancos y republicanos frente a los latinos de zonas urbanas.

Los 9 magistrados escucharon los argumentos de dos tejanos, Sue Evenwel y Edward Pfenninger, que creen que la distribución del censo electoral para el Senado estatal es “extremadamente desigual” y, por ello, quieren que se revise el histórico principio de “una persona, un voto”.

El Alto Tribunal definió esta idea en 1964, en plena lucha por los derechos civiles de los afroamericanos y con el objetivo de evitar que las zonas rurales -tradicionalmente blancas- tuvieran más poder a la hora de elegir representantes que las ciudades, donde vivía en mayor proporción la minoría negra.

Durante la audiencia, los magistrados se mostraron divididos sobre la interpretación del principio de “una persona, un voto” y no dieron demasiadas pistas sobre qué fallarán y que trae a colación la pregunta: ¿quién debe votar? ¿Todos los residentes de una zona o solo los que tienen derecho al voto?

“Es ‘una persona un voto’”, defendió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, que consideró que la idea “parece formulada para proteger a los votantes”.

En una postura bien diferente, Sonia Sotomayor, la primera jueza latina del Supremo e incluida en el frente progresista, reconoció que en el caso hay “intereses sobre el voto”, una declaración que fue leída por analistas como un reconocimiento de los intereses políticos que rodean al caso.

En su intervención, los demandantes defendieron que en el censo solo deben aparecer las personas con derecho a votar, es decir estadounidenses mayores de 18 años, y debe excluirse a los menores de edad, aquellos que no son ciudadanos estadounidenses y antiguos criminales, cuyo derecho al sufragio está restringido en muchos estados.

El Gobierno federal defendió que el sistema actual para contabilizar a la población ha funcionado bien y, por tanto, debe incluirse en el censo a todos los habitantes de una zona, con independencia de si tienen derecho a votar.

De fallar a favor de los demandantes, en futuras elecciones, el Supremo daría más peso a zonas rurales y tradicionalmente republicanas frente a las concentraciones urbanas y demócratas, donde vive la mayor parte de la comunidad latina indocumentada y que, a pesar de no tener residencia legal, figura en el censo.

El caso ha cobrado especial importancia porque la decisión se produciría en junio de 2016, a solo unos meses de las elecciones presidenciales y legislativas, en las que precisamente el voto latino puede jugar un papel crucial.?

 

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par Michel Leidermann
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