EL CHAPO: ¿EXTRADITAR O NO EXTRADITAR?
Por Michel Leidermann

Las autoridades mexicanas resolvieron correctamente el primer dilema que les presentaba el operativo en contra de Joaquín El Chapo Guzmán: ¿capturarlo vivo o ejecutarlo durante la aprehensión, como han hecho en el caso de otros capos (Nacho Calderón, El Lazca o Arturo Beltrán Leyva, por ejemplo)? Con su ejecución se habrían evitado el catastrófico riesgo de una tercera fuga y habrían asegurado que el narcotraficante se llevara a la tumba los muchos secretos que guarda sobre la corrupción de las autoridades. Sin embargo, optaron por hacer cumplir la ley y detenerlo vivo para someterlo a los tribunales.

La pregunta es ¿qué tribunales? ¿Los de México o los de Estados Unidos? Y este segundo dilema desafía hoy a la opinión pública y a la propia clase política. El asunto pone sobre la mesa de discusión el traído y llevado tema de la solidez del Estado mexicano y el riesgo de convertirse en un Estado fallido por el poder irrefrenable de los narcos. ¿Puede el Gobierno hacerse cargo de su enemigo público #1 o tendrá que entregarlo a EE.UU. por su evidente incapacidad para retenerlo? ¿Constituye eso un reconocimiento de su propia impotencia para evitar la corrupción de las autoridades penitenciarias?

Razones jurídicas para extraditarlo existen, desde luego. El cartel de Sinaloa ha cometido cualquier cantidad de violaciones a las leyes estadounidenses. Como es sabido, tribunales de seis Estados de la Unión Americana han iniciado el proceso legal para someterlo a juicio. No obstante, todo ciudadano mexicano tendría derecho a preguntar por qué razón El Chapo habría de responder con mayor prioridad por los crímenes cometidos en contra de las leyes de EE.UU. que por los delitos infringidos a los mexicanos. 

No olvidemos que el caudal de muertos y vejaciones que ha provocado el capo de en México supera en miles a las perpetradas en EE.UU. 

Del otro lado, las razones de orden práctico para extraditar de cabecillas del crimen organizado pueden ser atendibles. Lejos de su entorno, es más fácil impedir que capos como Osiel Cárdenas, los Arellano Félix, Vicente Zambada o Edgar La Barbie Valdez dirijan sus imperios desde la prisión. En la práctica una cárcel de máxima seguridad en EE.UU.  ha sido la única manera de mantener fuera de circulación a hombres poderosos con colosales recursos para corromper. Y desde luego, nadie tiene tantos como El Chapo

Además el sinaloense se ha convertido en un símbolo. El propio Sean Penn inicia su reportaje en la revista Rolling Stone diciendo que hay dos presidentes en México: el otro es Enrique Peña Nieto. Una exageración, evidentemente, pero que atiende a una percepción real; el narco se ha convertido en un Estado paralelo y disputa al Gobierno mexicano el control de amplios territorios. 

Justo por ese motivo es que las autoridades tendrían que decidir en términos políticos no jurídicos. Hay que creer que si se lo propone, el Estado puede retener y aislar de manera efectiva a un individuo, a condición de convertir esta tarea en una prioridad. Ceder a EE.UU. a un criminal de alta peligrosidad puede ser lo más práctico. No en el caso de El Chapo porque supone asumir que una tercera fuga sería inevitable y constituye una abdicación ante el narco.?

 

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