EL FUTURO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS DACA Y DAPA
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Una votación de 4-4 del Tribunal Supremo por la muerte del magistrado Antonin Scalia, mantendrá vigente el bloqueo del Quinto Circuito y las acciones ejecutivas permanecerían estancadas. 

Se trata de la Acción Diferida para los Padres de Ciudadanos y Residentes Legales (DAPA) y la ampliación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA ampliado). Dichas acciones, giradas en noviembre de 2014 por Obama, fueron primero bloqueadas por el juez federal de distrito, Andrew Hanen, y finalmente el bloqueo fue sostenido por el Quinto Circuito, quizá el tribunal más conservador del país.

La nueva realidad del máximo tribunal ahora dividido en partes iguales, es cómo la sorpresiva muerte afectará los casos más complicados que se supone se consideren en el presente período del tribunal, incluyendo el futuro de las acciones ejecutivas migratorias que protegerían de la deportación a cuando menos 5 millones de indocumentados.

Aunque al presidente Barack Obama le quedan casi 11 meses en su cargo y tiene el derecho de nominar un juez o una jueza, el panorama es complicado porque el Senado de mayoría republicana ha advertido que dicha nominación no progresaría. Obama, obviamente, nominaría a un moderado o liberal, alterando el precario balance del máximo tribunal.

El periodo del Supremo concluye en junio y los fallos a partes iguales suponen que las decisiones del tribunal de menor instancia prevalecen pero en este caso  no estaría opinando en torno a la legalidad de las acciones ejecutivas y abre la puerta a que otras partes interesadas presenten sus propias demandas para destrabar las acciones con el potencial de llegar al máximo tribunal de nuevo en el futuro.

Sin embargo, algunos abogados de inmigración permanecen optimistas. Se requieren cinco votos para levantar el bloqueo (a las acciones ejecutivas). Como Scalia no iba a ser parte de esos cinco votos mayoritarios, el reto sigue siendo el mismo: persuadir a cinco jueces supremos de que DAPA es legal. Si los magistrados ponderan los méritos del caso, una mayoría concluirá que el presidente actuó dentro de su autoridad constitucional y que las acciones ejecutivas son legales. 

 

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