MENORES MIGRANTES FUERON ENTREGADOS A TRAFICANTES DE PERSONAS QUE LOS OBLIGABAN A TRABAJAR PARA ELLOS 
UNA DE LAS VÍCTIMAS LOGRÓ LLAMAR A UN TÍO SUYO EN LA FLORIDA PARA ALERTARLE SOBRE LA EXPLOTACIÓN Y AMENAZAS QUE RECIBÍA A DIARIO
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Los delincuentes Aroldo Castillo-Serrano y Ana Pedro Juan se hicieron pasar por familiares y allegados a las víctimas, y así engañaron a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), la agencia federal encargada de reubicar a los menores que cruzan la frontera en solitario.

La odisea de los menores terminó cuando un comando de unos 100 agentes de la policía del condado de Marion y de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) irrumpieron en el estacionamiento de 200 casas móviles donde vivían los migrantes.

Una de las víctimas logró llamar a un tío suyo que reside la Florida para alertarle sobre la explotación y amenazas que recibía a diario.

El familiar, Carlos Enrique Pascual, avisó al FBI de la situación y fue así cómo comenzó la búsqueda de los menores.

Cada mañana una camioneta los recogía antes de que amaneciera y los transportaba hasta una granja avícola en la localidad de Marion, en Ohio.

Los jóvenes trabajaban en Trillium Farms, una de las productoras de huevos más grandes del país. Los menores limpiaban gallineros, cargaban y descargaban cajas de pollo, les ponían vacunas y cortaban el pico a las gallinas. Al anochecer, el vehículo los transportaba de vuelta a una casa móvil deteriorada, sin calefacción, camas o baños. Si no cedían sus salarios, los amenazaban de muerte.

En esas condiciones vivieron durante varios meses -y hasta diciembre de 2014- ocho menores de entre 15 y 17 años provenientes de Guatemala que el gobierno había entregado a un estos adultos que resultaron ser miembros de una banda de traficantes de personas.

El líder de la banda criminal, el guatemalteco Aroldo Castillo-Serrano, trabajaba en la granja como contratista desde 2011, el mismo año en que traficó a su primera víctima, según la fiscalía del Distrito Norte de Ohio, donde se lleva a cabo el juicio en su contra.

Después del rescate de los menores, Trillium Farms declaró “desconocer” la situación de ilegalidad que ocurría en sus instalaciones.

Castillo-Serrano, de 33 años, utilizó a varios cómplices para convencer a las autoridades estadounidenses de que le dieran la custodia de los menores. Y el proceso fue más sencillo de lo esperado bastando llenar un formulario con información falsa.

De este modo, y con la ayuda de su cómplice, la también guatemalteca Ana Pedro Juan, las víctimas fueron llegando durante todo el 2014 a la localidad de Marion para ser explotadas en el campo.

Aunque Castillo-Serrano y cuatro personas más se enfrentan a una sentencia de entre 5 y 20 años por cargos de conspiración para traficar con menores, trabajo forzado y engaño a las autoridades migratorias, el caso de Marion ha despertado la preocupación sobre cuán riguroso es el gobierno a la hora de reubicar a los menores que cruzan la frontera desde Centroamérica.

El pasado 28 de enero, el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de EEUU presentó un reporte que no solo expone el episodio de Marion, sino 15 casos más en los que Washington entregó a migrantes menores de edad a traficantes.

Desde el año 2011, más de 180.000 niños sin acompañantes provenientes de Centroamérica han sido detenidos en la frontera, según la patrulla fronteriza de EEUU. Desde allí han sido trasladados a 800 refugios de la ORR, agencia adscrita al Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS).

A raíz de la publicación del reporte del Senado, la agencia federal ha implementado un número de correctivos. Sin embargo, hay quienes piensan que dichas medidas no son suficientes y esperan que lo sucedido sea una llamada de atención y que el episodio de Marion no se repita.?

 

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