Ciudades y condados implementan propias leyes de imigración
Critican a Houston por refugiar a inmigrantes
HOUSTON - Con una población latina del 30% y residentes de todas partes del mundo, Houston tiene desde hace tiempo una actitud de amplia tolerancia hacia los inmigrantes.
Pero esa actitud está siendo desafiada este año, mientras el Congreso debate una serie de reformas a las leyes de inmigración y se acalora la campaña política para los comicios legislativos de noviembre. En la ciudad han aparecido carteles con leyendas que rechazan a los inmigrantes ilegales y los líderes locales consideraron dejar de financiar un importante centro de contratación de obreros.
Recientemente, algunos políticos conservadores pidieron derogar una política que impide a la policía preguntar a la gente cuál es su condición migratoria. Los críticos sostienen que esa política convierte a Houston en una “ciudad refugio”, donde la policía no puede implementar las leyes de inmigración nacionales y los inmigrantes ilegales no temen ser arrestados.
“Uno de los problemas es que las ciudades con estas políticas se han convertido en imanes para la inmigración ilegal”, expresó Tom Fitton, presidente del grupo conservador Judicial Watch, que ha demandado judicialmente a Los Ángeles por una política similar. “Ya está bastante mal que el gobierno federal no esté realizando sus tareas. Pero incluso si quisiera, su trabajo es mucho más difícil por las políticas receptivas que tienen ciudades como Houston”.
En todo Estados Unidos, 32 ciudades y condados tienen ese tipo de políticas, incluyendo a Houston, Nueva York, Austin y Seattle, de acuerdo con un informe del Servicio de Investigación del Congreso.
Un grupo llamado Protejan a Nuestros Ciudadanos está recolectando firmas para un referéndum de noviembre que podría enmendar la carta municipal y permitir que la policía verifique el estatus migratorio de cualquier sospechoso.
El legislador republicano John Culberson agregó el mes pasado una enmienda a un proyecto de ley que podría bloquear dinero destinado a la seguridad en las ciudades que tengan “políticas de refugio”. La medida aún debe ser analizada por el Senado.
El alcalde Bill White y el departamento de policía niegan que Houston sea una ciudad asilo, y expresan que las autoridades arrestarán a cualquier persona, incluyendo ilegales, si es necesario.
Pero White agregó que los agentes de seguridad serían apartados de otras tareas prioritarias si tuvieran que revisar la condición migratoria de cada persona con la que están.
“La gente está frustrada por la falta de una política federal de inmigración”, sostuvo. “Pero los ciudadanos no deben permitir que su frustración en este tema ate de manos a nuestros agentes de seguridad y entonces no puedan responder a los requerimientos de los ciudadanos”.
Mientras tanto en Riverside Township un pueblo de Nueva Jersey, se prohibió  el alquiler de viviendas y dar empleo a inmigrantes ilegales, imitando la decisión de una localidad de Pensilvania. La sesión municipal que congregó a un gran número de personas que flameaban banderas y abuchearon a un ministro religioso latino que expresó preocupación ante la posibilidad de caer en esteriotipos raciales.
La ordenanza declara como violación, arrendar o subarrendar a toda persona que no pueda probar que vive legalmente en Estados Unidos, y multa con 1,000 dólares a quienes transgredan la orden. Asimismo si se da empleo a inmigrantes ilegales las multas ascienden a la misma cantidad, y podría costarle a los empleadores hasta la licencia municipal de sus negocios.
Riverside Township es un pueblo de 8,000 habitantes del condado de Burlington, situado entre Camden y Trenton, que actualmente alberga de 1,500 a 3,500 inmigrantes ilegales, en su mayoría brasileños. Los líderes municipales afirman que el flujo de inmigrantes ha congestionado las escuelas y las viviendas, ha recargado los servicios públicos y hasta ha dificultado el estacionamiento.
Otros pueblos desde California hasta Idaho y la Florida estudian la adopción de medidas similares.
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comentario
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