EL DINERO QUE PERDERÁN LOS ESTADOS DEMANDANTES SI LA CORTE SUPREMA FALLA CONTRA LOS ALIVIOS MIGRATORIOS DE OBAMA
PUEDEN PERDER UNOS $91,900 MILLONES DE SU INGRESO BRUTO ESTATAL Y A PESAR DE ELLO TODAVÍA CONTINÚAN CON LA DEMANDA
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Los 26 estados que demandaron la Acción Ejecutiva migratoria que el presidente Barack Obama anunció en 2014 a favor de lo inmigrantes DACA y DAPA, podrían experimentar fuertes pérdidas económicas, estimadas en al menos $91,900 millones.

Así lo señala un estudio publicado por el Centro para el Progreso Americano (CAP) a semanas de que el máximo tribunal de justicia celebre una audiencia en el proceso de revisión del beneficio.

El reporte indica que, a nivel nacional, la economía estadounidense crecerá en unos $230,000 millones en 10 años al permitir que los 5 millones de indocumentados obtengan una autorización temporal de empleo.

“Los estados demandantes no están ignorando el hecho que un fallo contra DACA y DAPA puede resultar en una pérdida económica. Pero en sus escritos legales (amicus briefs) detallan que el impacto económico no es relevante legalmente”, dijo el equipo de inmigración de  CAP.

El CAP también estima que la implementación de los programas DAPA y DACA elevaría los ingresos de los residentes de estos estados por más de $48,400 millones. Pero los 26 estados demandantes pueden llegar a perder casi $272 millones cada año por concepto de ingresos fiscales estatales y locales si la Corte Suprema falla a su favor.

Otro beneficio mencionado por CAP corresponde al número de ciudadanos que se beneficiarían directamente de la Acción Ejecutiva. “Más de 2,6 millones de estadounidenses viven con un familiar elegible para DAPA en los 26 estados demandantes”, revela el informe.

Añade que el 70% de los beneficiarios previstos en la Acción Ejecutiva migratoria han vivido en EE.UU. por lo menos 10 años, y un cuarto de ellos por lo menos 20 años.

La Acción Ejecutiva firmada por Obama incluye dos programas clave que amparan de la deportación a unos 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes (DAPA) y jóvenes que entraron siendo niños a EE.UU. que se les conoce como Dreamers y que están protegidos por la Acción Diferida de 2012 (DACA).

Ambos grupos, además, reciben una autorización de empleo (permiso de trabajo) renovable cada tres años.

Los 26 estados (24 de ellos gobernados por republicanos) demandaron la acción  argumentando que el presidente se había extralimitado en sus poderes y que la medida viola la Constitución porque sólo el Congreso –y no el Ejecutivo- puede cambiar las leyes federales.

El 16 de febrero de 2015 el juez Andrew S. Hanen, de la corte de distrito en Brownsville, Texas, dictó una medida cautelar que frenó la Acción Ejecutiva. En noviembre la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans ratificó el fallo de Hanen.

El 20 de noviembre de 2015, un año después del anuncio de Obama, el Departamento de Justicia le pidió a la Corte Suprema que revise la medida, y aseguró que el presidente actuó en apego a la ley y en uso de sus facultades garantizadas por la Constitución.

La Casa Blanca ha dicho que Obama actuó en respuesta a la inacción del Congreso con el tema de la reforma migratoria para sacar de las sombras a millones de indocumentados que llevan tiempo en el país y carecen de antecedentes criminales.?

 

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