LA “REVOLUCIÓN” DEL MINISTERIO PÚBLICO MEXICANO 
EL NUEVO SISTEMA PERMITE QUE LAS VÍCTIMAS PUEDAN APORTAR PRUEBAS DIRECTAMENTE ANTE UN JUEZ 
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Durante meses y años, padres, madres, hermanos e hijos de 50 desaparecidos en el estado de Guerrero integrados en el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, encontraron pistas sobre lo que ocurrió con los suyos.

Prendas de vestir, declaraciones de testigos, documentos, fotografías, objetos que revelaban los posibles móviles y que entregaron al ministerio público (Procuraduría General de la República, PGR) con la esperanza de que éste llevara hasta el juez a los posibles culpables, hasta que se dieron cuenta que todas esas probables pruebas junto con los expedientes, fueron desaparecidos por los agentes.

El 18 de junio venció el plazo constitucional para que en los 32 Estados de todo el país se deje atrás un antiguo sistema de justicia penal conocido como “inquisitorio” (escrito) y se dé paso a otro oral que también contempla la posibilidad de que las víctimas en un proceso penal puedan aportar pruebas directamente ante un juez de garantías (que no es el mismo juez que dará la sentencia).

El Ministerio Público todavía tiene la obligación de investigar, pero la reforma acusatoria-oral propone que la víctima no dependa de ello para que el sistema de justicia inicie su trabajo.

El poder del Ministerio Público era hasta ahora, en resumen, similar a un monopolio: ventajoso para sí mismo e irrespetuoso y desdeñoso con los implicados. El amplio poder que los agentes de la fiscalía tenían para empujar o frenar casos como el de Rubén Sosa derivaba del hecho que sus actividades se llevaban a cabo a espaldas de los ciudadanos.

En contraste; el nuevo sistema hace que el Ministerio Público esté sujeto a mecanismos de rendición de cuentas por parte de víctimas, acusados o ciudadanos que no están involucrados directamente en un proceso penal: todo a través de los juicios orales.

Una de las más “lamentables” prácticas del anterior sistema inquisitivo estaba basada en “la práctica común” que ni la víctima ni el acusado podían confrontar la versión del fiscal de manera directa ante el juez. 

El llamado Nuevo Sistema de Justicia Penal tiene como objetivo hacer juicios más transparentes, sencillos y menos costosos, además de respetar derechos humanos que en el viejo sistema inquisitivo quedaban rebasados, como la presunción de inocencia. Entre las novedades del esquema acusatorio están los juicios orales en audiencias públicas, la reparación de daños antes de una sentencia y la posibilidad de purgar penas sin ir a prisión.

“Es la transformación jurídica más trascendente de los últimos 100 años”, sentenció el presidente mexicano Enrique Peña, durante el acto simbólico en el que declaró formalmente iniciada la etapa de “consolidación” de ese sistema, que inició operaciones de manera gradual y a partir de este sábado debe operar en todo el país.?

 

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