EN LOS PRÓXIMOS MESES SERÁN LIBERADOS UNOS 50.000 PRESOS EN MÉXICO 
EL ANTERIOR SISTEMA PENAL DE PRISIÓN PREVENTIVA SE APLICABA INCLUSO A QUIENES POR HAMBRE ROBABAN UN PAN
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México vive un inédito proceso: desde hace algunos meses se libera paulatinamente a cientos de presos, beneficiados con las reglas del nuevo sistema de justicia penal. Actualmente en las 386 prisiones estatales y federales del país existen 254.000 internos, según datos de la Secretaría de Gobernación.

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) estima que en los próximos seis meses entre 45.000 y 50.000 reos podrán alcanzar su libertad. Son personas que enfrentan juicios por delitos no graves, o que fueron sentenciadas a penas menores por esa causa.

Las normas del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en vigor desde junio pasado, establecen que sólo los inculpados de delitos graves deben enfrentar los juicios en la cárcel. Los beneficiarios del nuevo sistema oral de justicia serían los acusados de delitos menores, quienes pueden enfrentar un juicio en libertad.

Es una clara diferencia del anterior sistema penal donde la prisión preventiva se aplicaba a prácticamente todos, incluso quienes por hambre robaban un pan o una lata de atún.

Las liberaciones provocan controversia. Algunos como la organización Alto al Secuestro temen que reincidan muchos de los excarcelados.

Pero otros ven lejana esta posibilidad. “En Chihuahua, donde esto ya se ha medido, sólo el 1,8% de los liberados ha regresado a delinquir”, explica Guillermo Zepeda Lecuona, investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Y de acuerdo con el comportamiento de las personas con ese perfil delictivo y que han sido liberadas, es previsible que la tendencia se repita a nivel nacional.

El principio básico del nuevo sistema judicial es que los acusados de cometer un delito son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Esto, que en muchos países es normal, no ocurría en México, donde la mayoría de los jueces ordenaban el encarcelamiento del inculpado.

Entre muchos ciudadanos se creó la idea de que su seguridad se garantizaba al enviar a prisión a todos, desde secuestradores hasta el que roba comida.

Mediciones como las realizadas por el Instituto de Justicia Procesal Penal indican 

que el 95% de los liberados atienden las audiencias de sus juicios, y del resto sólo el 1% se fuga.

El investigador Zepeda Lecuona afirma que, de las 97.000 personas en prisión preventiva para enfrentar un juicio, el 70% “robó menos de 2.000 pesos y sin violencia. Metían a la persona seis meses a la cárcel por robar un panecillo y al final, cuando se dictaba la sentencia ya habían excedido la pena estando en prisión preventiva”, explica.

El problema, dice Isabel Miranda de Wallace, fundadora de la organización Alto al Secuestro, es que las prisiones mexicanas no rehabilitan a los internos, y en muchos casos los detenidos por primera vez están en contacto con delincuentes de alta peligrosidad.

El nuevo sistema de justicia penal establece que los acusados de delitos graves no tienen derecho a solicitar su excarcelación. Eso incluye a los vinculados a secuestros, homicidios, robo con arma o violencia, narcotráfico y otras formas de delincuencia organizada.

Al final es complicado impedir que los excarcelados reincidan en la delincuencia. 

 

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