CIUDADES ESTADOUNIDENSES DEFIENDEN ‘SANTUARIOS’ PARA INDOCUMENTADOS
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A pesar de la posibilidad de perder millonarios fondos federales, grandes ciudades de Estados Unidos han prometido que protegerán sus “santuarios” para indocumentados.

Ante la amenaza de deportaciones masivas anunciadas por el presidente electo, Donald Trump, los gobiernos locales de Los Ángeles y San Francisco (California), Chicago (Illinois), Nueva York, Seattle (Washington), Portland (Oregon), Providence (Rhode Island) y la capital del país, Washington DC, entre otras, fueron los primeros que salieron a defender a los indocumentados.

Trump basó su campaña en una fuerte retórica migratoria que incluye deportaciones masivas, la construcción de un muro en la frontera con México, y amenazas de recortes federales a las llamadas “ciudades santuarios”, si persisten en estas políticas. Señaló durante la campaña electoral que retirará los fondos federales a las ciudades y condados de todo el país que no persigan activamente a los inmigrantes indocumentados y no los entreguen a las autoridades federales de inmigración.

Trump aseguró hace unos días que la prioridad es la deportación de indocumentados criminales y que repatriará de inmediato a “dos o tres millones”, pese a que estimaciones del Migration Policy Institute sitúan el número de indocumentados con antecedentes policiales, en poco más de 800 mil.

Grupos pro-inmigrantes nacionales temen que algunos indocumentados pueden enfrentar deportaciones por infracciones de tránsito o por haber regresado al país tras una deportación, y señalaron que desmantelar las “ciudades santuario” es un retroceso en la confianza que se ha tratado de establecer entre los indocumentados y las policías locales.

o, prometió tras el triunfo de Trump que no permitirán “al Gobierno federal que ataca a inmigrantes a hacerlo en el estado”.     

En los últimos cinco años unas 320 jurisdicciones, entre ellas los estados de California y Connecticut, aprobaron leyes que impiden a las policías locales participar en actividades federales de inmigración que son “voluntarias”.

Una de ellas, la más polémica, son las “órdenes de detención” solicitadas por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), que buscan mantener detenido a un indocumentado por más tiempo para dar una oportunidad de decidir su posible deportación. Las órdenes, que buscan una detención de indocumentados más allá de 48 horas, fueron consideradas inconstitucionales.

En Estados Unidos hay cerca de 55 millones de latinos, de los cuales 63% son mexicanos, 10% puertorriqueños, 3.8% salvadoreños, 3.7% cubanos, 3% guatemaltecos y 14.2% para las nacionalidades restantes, de acuerdo a datos oficiales. 

 

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Michel Leidermann
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