POLICÍAS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS, INVOLUCRADOS EN EL 35% DE LAS INDAGATORIAS POR TORTURA EN MEXICO
LA TORTURA EN EL PAÍS SE UTILIZA DURANTE LA DETENCIÓN DE UNA PERSONA CON EL OBJETIVO DE OBTENER CONFESIONES SOBRE EL CRIMEN ORGANIZADO
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La unidad especializada en investigar los casos de tortura –un órgano de la Procuraduría General de la República (PGR)- investiga 2.086 averiguaciones previas por ese delito que le fueron turnadas en los primeros diez meses de entrar en funciones. 

En los expedientes se indaga a 4.036 implicados, de los cuales el 35% son funcionarios mexicanos y policías. Sin embargo, la cifra podría ser mayor si se toma en cuenta que en el 64% de los casos denunciados no se especificó si el involucrado es un servidor público o un civil. 

La tortura en México a manos de los cuerpos de seguridad es un tema de preocupación. Diversos organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU han señalado que la tortura es generalizada y se presenta frecuentemente entre el momento de una detención y antes de que la persona sea puesta a disposición de un juez.

Las modalidades de tortura van desde los golpes con puños, asfixia húmeda y seca, hasta patadas con botas, macanas y armas en diversas partes del cuerpo. Los insultos, amenazas, y humillaciones también forman parte de la perversa dinámica, así como las descargas eléctricas -generalmente en los genitales- hasta la desnudez forzada, y la tortura sexual, señala un informe de la CIDH, presentado a finales del año pasado. El organismo ha alertado que la falta de investigación de oficio de las denuncias de tortura es una de las causas que propician su repetición.

En octubre del 2015 la PGR creó la unidad especializada en investigación del delito de tortura. Anteriormente las investigaciones se perdían en diversas instancias de la Fiscalía general o de los Estados. Por ello se decidió crear un órgano que concentrara todas las indagatorias para no duplicar funciones. Desde entonces se ha concentrado una estadística federal, donde la entidad con el mayor número de investigaciones es Tamaulipas, según se desprende en la respuesta a una solicitud de información entregada a este medio.

Amnistía Internacional ha advertido sobre la poca disposición de las autoridades mexicanas para erradicar este problema. En un informe que presentó a mediados de este año se exponía que hasta 2014 sólo se había acusado formalmente a menos de cinco personas al año por esta práctica. Además, desde 1991, sólo quince personas habían recibido sentencia condenatoria por este delito. “Cuesta creer el afán con que México encubre su crisis nacional. En lugar de intentar encubrir miles de casos de tortura y otros malos tratos, las autoridades deberían centrar sus energías en garantizar la erradicación definitiva de la tortura garantizando el enjuiciamiento de los responsables y reparaciones adecuadas a las víctimas”, se establecía en el documento.

“La práctica de la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, se configura como una de las formas más graves de violación a derechos humanos de las personas privadas de la libertad, toda vez que atenta contra su dignidad, causando daños físicos y psicológicos”, destacó la CNDH en un análisis del tema. Esta práctica violatoria de los derechos humanos es tan cotidiana en México que una encuesta, llevada a cabo por Amnistía Internacional el año 2014, resaltaba el temor de un 64% de los mexicanos a ser torturados si caían en manos de la policía.

En marzo de 2015 el relator especial de la ONU sobre la Tortura, Juan Méndez, aseguró que en México la tortura es generalizada. Al presentar las conclusiones del informe que revisa las fallas del sistema de seguridad mexicano, el enviado de las Naciones Unidas alertó que la tortura en el país se utiliza durante la detención de una persona con el objetivo de obtener confesiones sobre el crimen organizado. Las víctimas, según las denuncias recogidas en el escrito, suelen proceder de sectores pobres o marginales. El modo de operar indica que los captores -vestidos de civil y encapuchados- no suelen llevar una orden de aprehensión ni informan de los motivos de la captura. Se llevan a las personas por la fuerza y luego dan comienzo al martirio. 

 

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