El año pasado 190.366 migrantes que buscaban llegar a EE.UU. fueron detenidos en México. Esto se traduce en 522 personas que representan la cifra de aprehensiones más alto desde 2005. Este aumento en las detenciones se debió principalmente al gobierno federal que intensificó los operativos del programa Frontera Sur para capturar inmigrantes y trasladarlos a las estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) donde permanecen privados de su libertad por meses, señala un informe de Sin Fronteras. 

Frontera Sur fue puesto en marcha julio de 2014 por el presidente Enrique Peña Nieto en la compañía del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. El mandatario mexicano aseguró que el objetivo era proteger y salvaguardar los derechos de los migrantes que ingresan al país. Sin embargo, organizaciones defensoras de migrantes han acusado que el programa solo ha conseguido aumentar los peligros de los viajeros sin papeles y hacer más vulnerables en su bandeja de EE UU.

Sin Fronteras, una organización que defiende y protege los derechos de los migrantes, ha acusado de que la implementación del programa Frontera Sur, coloca a los migrantes en manos de sicarios y pandilleros que lideran la industria de la migración clandestina y en algunos casos con la participación de autoridades.

Un ejemplo de ello ocurrió en Chiapas. A principios de octubre las autoridades de ese Estado descubrieron una red de tráfico de indocumentados que era operada por policías municipales y era liderada por el hermano del alcalde de Chiapa de Corzo, una localidad del sur del país. Según un reporte oficial de los policías detuvieron un autobús de turismo y el detector de que había personas de Centroamérica que no portaban documentos para justificar su estancia legal en el país, los bajaron y unas 19 personas fueron escondidas en las instalaciones de la corporación y los policías pidieron rescate por cada una de ellas.

Sin Fronteras, dijo estar preocupados por la cantidad de migrantes que son privados de su libertad en México. Actualmente, apunta, existen centros de detención en todo México y la diversificación de las aprehensiones no es exclusiva de las fronteras como ocurría antes. 

En quince años (2000-2015) la cifra de detenciones ha alcanzado los 2,1 millones de personas sin papeles. 

Durante este proceso las personas enfrentan una serie de violaciones a los derechos humanos, que desde la falta de información respecto al proceso que enfrenta, hasta las afectaciones a la salud física y mental ya la falta de acceso a los recursos para una adecuada defensa.

La privación de la libertad de estas personas representa uno de los principales desafíos en materia de derechos humanos.