JUEZ FEDERAL, JAMES ROBART SUSPENDE PROVISIONALMENTE ORDEN EJECUTIVA INMIGRATORIA A NIVEL NACIONAL
CORTE FEDERAL DE APELACIONES RECHAZÓ SOLICITUD DEL GOBIERNO PARA RESTABLECER DE FORMA INMEDIATA LA PROHIBICIÓN A CIUDADANOS DE 7 PAÍSES MUSULMANES. 97 EMPRESAS TECNOLÓGICAS CENSURAN DECRETO ANTIINMIGRACIÓN ANTE LA JUSTICIA
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El gobierno del presidente Donald Trump se movió rápidamente el sábado 4 para cumplir con la orden de un juez federal, James Robart, de Seattle, Washington, que suspendió la orden ejecutiva 13769 inmigratoria a nivel nacional, en respuesta a una demanda presentada en el Estado de Washington, aun cuando el propio Trump criticó al juez. "¡La opinión del supuesto juez, que esencialmente lleva las fuerzas de orden lejos de nuestro país, es ridícula y será anulada!".

El magistrado dictó el fallo pese a los argumentos de los abogados del gobierno que dicen que los estados no tienen la autoridad de desafiar la orden ejecutiva de Trump.

Otros jueces en distintos estados ya habían emitido órdenes que suspendían parcialmente la medida del presidente en sus jurisdicciones. Pero esta última del juez Robart, es la de mayor alcance que se ha dado hasta ahora, ya que se aplica en todo EE.UU.

El Fiscal General del Estado de Washington, Bob Ferguson, y varios fiscales más describieron las prohibiciones de Trump como ilegales e inconstitucionales. "Hoy prevaleció la Constitución", dijo Ferguson. "Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente".  Ferguson dijo que la orden discrimina a las personas por su religión.

El Departamento de Seguridad Interior (DHS) anunció que suspendía todas las acciones para implementar el decreto inmigratorio y que retomará las revisiones habituales de viajeros como lo hacía antes de que se firmara la prohibición de viajes.

Además, el DHS dio marcha atrás a la cancelación de visas que habían sido revocadas provisionalmente después del decreto presidencial firmado la semana pasada, mientras dichas visas no hubieran sido selladas o marcadas como canceladas. Dijo que menos de 60.000 visas habían sido revocadas desde la firma del decreto. Miles de personas, entre las que se encuentran estudiantes, médicos, investigadores y trabajadores con permiso de residencia legal, y a los que sorprendió la orden en su país de origen, aprendieron que no podían regresar.

El decreto de Trump prohíbe entrar a Estados Unidos a ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana durante un periodo de 90 días, a todos los refugiados durante 120 días y a los refugiados de Siria indefinidamente.

Robart asegura en su dictamen que el Estado de Washington ha demostrado “un perjuicio inmediato e irreparable” a consecuencia del veto migratorio. El juez no se ha pronunciado sobre la legalidad del decreto sino que ha pedido que no se aplique hasta determinar cuál de las partes lleva la razón en el caso.

El fiscal general de Washington alegó en su demanda que el veto migratorio viola los derechos constitucionales tanto de los inmigrantes como de sus familias, así como su derecho a la libertad religiosa y a la igualdad ante la ley. Ferguson argumenta que la orden ejecutiva de Trump “está motivada por el odio y el deseo de dañar a un grupo en particular” apoyándose en declaraciones que el presidente realizó durante la campaña electoral.

La Casa Blanca anunció en un comunicado que el Departamento de Justicia apelará el dictamen "lo antes posible" y que la Administración considera que el decreto migratorio es "legal y adecuado". El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, asegura que "la orden tiene la intención de proteger el territorio nacional y [el presidente] cuenta con la autoridad y la responsabilidad constitucional de proteger al pueblo americano".

Pero la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito, rechazó el mismo sabado 4 la solicitud del gobierno para restablecer de forma inmediata la prohibición al ingreso de ciudadanos de los 7 países musulmanes suspendida por el juez Robart el viernes.

El Departamento de Estado trabaja con el Departamento de Seguridad Nacional para determinar los efectos prácticos de la sentencia y que eventualmente podría llegar al Tribunal Supremo para decidir si la orden es constitucional o no.

El torbellino de acontecimientos puso al país en su segunda semana seguida de incertidumbre generalizada respecto a la controvertida prohibición.

Desde el mismo sábado 4 las aerolíneas volvieron a permitir que pasajeros de los 7 países afectados abordaran sus aviones rumbo hacia Estados Unidos.

Además, por ahora 97 empresas incluidas las tecnológicas, incluidas Apple, Facebook, Google, Microsoft y Twitter, presentaron un documento legal ante la Corte de Apelaciones, contra el decreto antiinmigración. El documento, que fue entregado la noche del domingo 5, denuncia que el decreto “inflige un daño significativo a los negocios estadounidenses, a la innovación y al crecimiento”, según una copia del texto divulgado por la prensa local. 

 

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