SE RESPETARÁ EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO DE INMIGRANTES
LO QUE QUEREMOS ES QUE SE RESPETE LA LEY ENFATIZÓ LA PORTAVOZ HELEN AGUIRRE FERRÉ
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Helen Aguirre Ferré

La encargada de la prensa hispana de la Casa Blanca, Helen Aguirre Ferré, afirmó el miércoles 25, que la Administración Trump respetará el derecho al debido proceso de los inmigrantes, en respuesta a las protestas y denuncias de activistas y grupos cívicos por el recrudecimiento del combate a la inmigración ilegal.

Explicó que las órdenes ejecutivas obedecen a la “porosa” frontera, por donde se cuelan criminales, y que el gobierno no planea violar los derechos de los inmigrantes.

“Aquí nadie va a tener sus derechos violados. Lo que queremos es que se respete la ley, y eso siempre ha sido parte de ser un estadounidense”, enfatizó.

Consciente de las críticas, Aguirre Ferré aseguró que la Administración Trump es “pro-inmigrante, pro-inmigración, pero somos pro-inmigración legal. En la actualidad, “es más fácil inmigrar ilegalmente que legalmente, y lo tenemos que hacer al revés, para que sea más fácil poder inmigrar legalmente”, señaló.

La portavoz agregó que los grupos opuestos a las medidas “están en su pleno derecho” de entablar demandas, “pero estamos confiados de que la ley nos ampara”. “Somos un país con estado de derecho y hay que cumplir con ello. Este es un primer paso, unas primeras medidas que se toman para tratar de enmendar” el sistema migratorio, enfatizó.

Las órdenes ejecutivas se ganaron elogios de la bancada republicana en general, por considerar que son un buen primer paso para corregir el maltrecho sistema migratorio y resolver la crisis del continuo flujo de indocumentados en la frontera sur.

Pero también generaron el rechazo unánime de líderes demócratas del Congreso y de ciudades en todo el país, así como de grupos cívicos y defensores de los inmigrantes en todo el país, que incluso prometen litigios en los tribunales.

El presidente de MALDEF, Tom Saenz, señaló, por otra parte, que la construcción de un muro toma “meses y meses” de planificación antes de colocar el primer ladrillo, y se requiere la intervención del Congreso para tomar medidas contra las ciudades “santuario”. 

 

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