El presidente Trump quiere volver a los tiempos en que un creciente número de policías y sheriffs hacían el trabajo migratorio, pero son cada vez más los líderes policiales que se resisten a ello que ven cada vez menos ventajas en colaborar con ICE. 

Trump quiere de nuevo maximizar la colaboración de los sheriffs y policías locales con las autoridades federales, renovando un par de programas -287g y Comunidades Seguras- que fueron suspendidos durante el gobierno de Barack Obama, por sus efectos discriminatorios y nocivos a la actividad regular de la policía.

Pero el asunto ya no será tan fácil como lo fue hace diez años. El programa 287g llegó a tener 70 agencias bajo contrato y actualmente sólo hay 34. Muchas fueron suspendidas por el gobierno federal porque las agencias realizaban actividades de “perfilamiento racial”, que son inconstitucionales, y otras se cancelaron bajo presión por el efecto congelante que tenía en las relaciones de la comunidad con la policía local.

Pero ahora, el presidente Trump ha dicho que regresará a los programas. En los memos publicados el pasado lunes 20, se explica que el gobierno federal entrará en contratos con “cualquier agencia que así lo desee”.

Y aunque el presidente no puede obligarlas, si ha amenazado con castigar, retirando fondos, a los estados, ciudades y agencias que se conviertan, según él, en “santuario” para inmigrantes. 

Diversos jefes de policía y sheriffs explican su rechazo desde el punto de vista económico y de la necesidad de enfocar sus recursos en combatir la delincuencia y otras necesidades, en vez de hacer las veces de “migra”.

Hace un par de semanas, un grupo de sheriffs del país, cuyos departamentos manejan el 85% de las cárceles en Estados Unidos, se reunieron con Trump y le dijeron que no estaban seguros de tener “la autoridad legal” de hacer lo que él quiere, sobre todo porque desde que se instituyeron estos programas, ha habido numerosas demandas y fallos judiciales en contra de la práctica las que podrían llegar hasta la Corte Suprema. Los sheriffs dicen que las cárceles no son depositorios para ICE.

La política de involucrar a agencias locales de la ley en tareas migratorias y de exigir que un condado retenga a personas detenidas para que las recoja ICE, no contribuyen a la seguridad pública, sino todo lo contrario. 

Un número creciente de oficiales de la ley, afirman que la colaboración de sus agencias en entregar a inmigrantes que no han cometido o sido convictos de delitos graves o violentos, va en contra de su misión de proteger la seguridad pública en sus comunidades y les dificulta hacer su trabajo.