JUEZ DICTA QUE CORTE FEDERAL DEBE INTERVENIR EN CASO DE “DREAMER” ARRESTADO POR LA MIGRA
“NO PUEDEN DECIR UN DÍA QUE ESTOS JÓVENES TIENEN PROTECCIÓN Y QUITARLES LA MISMA SIN TENER UN PROCESO JUSTO” DIJO SU ABOGADO
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Un magistrado federal en Seattle en el estado de Washington, James P. Donohue, rechazó el martes 14, la solicitud del gobierno de anular una demanda presentada por el “dreamer” Daniel Ramírez Medina de 24 años y aseveró que los tribunales federales sí tienen autoridad para decidir si las autoridades migratorias violaron los derechos del muchacho y también la promesa hecha a cientos de miles de jóvenes con el programa Acción Diferida para Arribados en la Infancia o DACA.

El gobierno asegura, sin pruebas, que el joven es un pandillero.

El dictamen federal abre la puerta a que las cortes vigilen el trato que se da a estos jóvenes por autoridades migratorias en el futuro. Sin embargo, el juez Donohue no recomendó la liberación de Ramírez.

Mientras, el gobierno de Donald Trump alega que el arresto de Ramírez Medina, es una decisión exclusiva de la agencia de Immigration and Customs Enforcement (ICE). 

Según los abogados que representan a Ramírez, arrestado hace más de un mes por autoridades migratorias en Seattle a pesar de contar con la protección del DACA, el caso representa un hito legal que tendrá repercusiones futuras para los casi 800,000 jóvenes con ese beneficio.

“El gobierno argumentó que esta demanda debía ser anulada porque los jueces no podían revisar o contrarrestar un arresto hecho por las autoridades migratorias. Esta decisión rechaza esta idea al 100%”, dijo Mark Rosenbaum, uno de los abogados que emprendió el litigio para liberar a Daniel y proteger “la promesa de DACA” para todos los beneficiarios.

“No hay base alguna para su detención, Daniel no es una amenaza para la seguridad, cuando hizo dos procesos de DACA le hicieron todos los chequeos de antecedentes y todo salió limpio”, dijo abogado.

Lo que argumentan los abogados es que ICE nunca debió arrestarlo ni quitarle la protección de DACA y que el gobierno no ha dado ninguna prueba de que el muchacho ha hecho algo para merecer ese castigo, ya que tiene un record limpio.

Al arrestar a Daniel el pasado 10 de febrero, durante una redada en el domicilio de su papá a quien buscaban por tener varias órdenes de deportación pendientes, las autoridades alegaron que el joven “confesó” pertenecer a una pandilla y que eso teóricamente era suficiente para quitarle su DACA y deportarlo.

El caso federal seguirá adelante al mismo tiempo que las autoridades de ICE realizan un proceso de deportación contra el muchacho, pero los abogados dijeron tener confianza en el resultado.  

“Es importante considerar que el gobierno le pidió al juez que le diera la espalda al proceso, y este se negó, diciendo que no, que hay una separación de poderes y que no vamos a aceptar que cambien las reglas del juego en el medio del mismo”, dijo Rosenbaum. “No pueden decir un día que estos jóvenes tienen protección y quitarles la misma sin tener un proceso justo.” 

 

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