Un proyecto de reforma del código penal del Estado de Michoacán, que ocupa 146 páginas con distintas modificaciones que costaron tiempo y recursos al Gobierno estatal, ha sido fulminantemente retirada tras la polémica generada por los cambios que volvían a penalizar con cárcel el aborto en una entidad en la que la interrupción libre del embarazo intenta abrirse paso, poco a poco, en las bancadas del Congreso. 

En la iniciativa, la mujer que abortara sin acogerse a ninguno de los supuestos contemplados por la ley se enfrentaba a hasta 5 años de cárcel, pero solo a uno si no tenía “mala fama”, si había “logrado ocultar su embarazo” y si este era “fruto de una unión ilegítima”.

Polémica y contradicciones han provocado que el lunes 24, el Gobierno del izquierdista Silvano Aureoles (PRD) emitiera un comunicado para acallar el escándalo, afirmando que “ratifica su compromiso con los derechos de las mujeres” y asume “con responsabilidad” que esta iniciativa “va en contra de la línea del PRD”.

Michoacán se encuentra entre los Estados más progresistas en este punto, ya que, entre los supuestos para poder abortar, admite la existencia de una situación económica precaria, un riesgo grave para la salud de la madre o una malformación del feto. La legislación mantiene, sin embargo, sanciones cuando no se acoge a ninguna de estas circunstancias: de seis meses a un año de trabajo comunitario. 

“En comparación con el resto del país, Michoacán está avanzado, excepto porque el aborto debería ser libre”, apunta la abogada Rebeca Muñoz, del organismo de defensa de los derechos reproductivos GIRE. En muchos otros Estados de México, el aborto solo se permite si se prueba que el embarazo fue resultado de una violación.