ORGANIZACIONES PRO INMIGRANTES PREPARAN UN ARSENAL DE RECURSOS JURÍDICOS PARA BLOQUEAR LA SB4 DE TEXAS

WASHINGTON.- Activistas pro-inmigrantes condenaron el miércoles 10 la ley anti-inmigrante “SB4” en Texas, y grupos como MALDEF prevén entablar una demanda en las próximas semanas para impedir su implementación en septiembre próximo, como parte de un esfuerzo nacional que además, no descarta incluso un boicot comercial.

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Por María Peña

Durante una conferencia telefónica organizada por el Concejo Nacional de La Raza (NCLR), los activistas advirtieron de que la ley “SB4”, promulgada el domingo 7 por el gobernador republicano, Greg Abbott, da un “cheque en blanco” y “licencia para discriminar” a las personas por su acento o apariencia física, sin mejorar la seguridad pública.

El presidente de MALDEF, Tom Saénz, consideró que, entre los escenarios posibles, la “SB4” termine ante el Tribunal Supremo pero, antes, es más probable que el 5º Circuito de Apelaciones la considere excesiva y, en ese caso, la máxima corte del país decida que no la revisará.

Por su parte, Janet Murguía, presidenta de NCLR, prometió que grupos como el suyo movilizarán a la comunidad para exigir cuentas a los líderes políticos “por leyes peligrosas, discriminatorias e inviables, que se basan en falsedades y estereotipos”. Sus armas, afirmó, serán “nuestras voces, nuestro voto, y nuestro poder de compra si es necesario”, en un Estado que alberga a la segunda comunidad latina más grande de EE.UU..

Murguía dijo que se estudiarán “todas las opciones”, pero aclaró que en el caso de la ley antiinmigrante “SB1070” de 2010 en Arizona, NCLR promovió un boicot comercial contra ese estado sólo tras un “exhaustivo y completo proceso de consultas” con organizaciones cívicas dentro y fuera del estado, especialmente con organizaciones locales y estatales en el epicentro de esa batalla.

Activistas de la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), “Human Rights First”,  “Mi Familia Vota”, “Asian Americans Advancing Justice” (AAAJ) y  la “Leadership Conference on Civil and Human Rights” (LCCHR) también participarán en la acción. 

La “SB4” prohíbe las “ciudades santuario”, permite que la policía local detenga a personas sin orden judicial, pregunte el estatus migratorio cuando detiene a alguien por otros motivos, y exige que las autoridades policiales entreguen a inmigrantes bajo su custodia a agentes federales. Los policías que se nieguen a cumplir con esa ley arriesgarían multas y hasta una sentencia carcelaria, mientras que los funcionarios públicos podrían ser apartados de sus cargos.

La “SB4” evoca memorias de otras leyes de “mano dura” contra los inmigrantes indocumentados, como la “SB1070” de Arizona de 2010, y la “HB56” de Alabama, un año después. En 2012, el Tribunal Supremo anuló partes clave de la ley “SB1070”, diluyéndola sustancialmente, y ese mismo año el 11º Circuito de Apelaciones, anuló partes de la de Alabama.

La ley en cuestión en Texas ya afronta la repulsa de diversos empresarios, jefes de policía y alguaciles en Texas.

Mientras, un grupo de 59 organizaciones, encabezado enviaron una carta a Abbott exigiendo que corrija los profundos problemas “legales, constitucionales y de política pública” de la “SB4” haciendo eco de que esta ley afectará las relaciones de la policía con las comunidades y no mejorará la seguridad pública. 

 

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