¿SEGUIRÁN LOS INDOCUMENTADOS TENIENDO DERECHO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA BÁSICA?
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El ambiente anti inmigrante vuelve a traer la retórica y los intentos de cambiar una decisión de la Corte Suprema que está por cumplir 35 años de emitida cuando decidió el caso Plyler v. Doe, que obliga a todos los distritos escolares del país a dar educación a niños indocumentados. Entretanto negar la educación pública a los indocumentados, sería una violación a las leyes y la constitución.

En recientes semanas se calentó la discusión en medios sociales respecto al “derecho” de indocumentados de ir a escuelas públicas, luego que se reportó la visita de un agente de inmigración a una escuela de Queens, Nueva York, supuestamente buscando interrogar a un estudiante de cuarto grado. Aún no está claro el porqué de la visita del agente, cuyos intentos fueron frustrados por funcionarios escolares quienes le impidieron el acceso al plantel. Pero no se trataba de un agente de ICE sino de USCIS, la agencia encargada de procesar documentos y ciudadanías.

Hace 35 años por la decisión Plyler vs Doe, la que una mayoría de los jueces de la Corte Suprema determinó que era inconstitucional la decisión de un distrito escolar del sur de Texas de cobrar a los indocumentados por su educación. El tribunal decidió que tal ley violaba la cláusula de protección igualitaria de la Décimo Cuarta Enmienda de la Constitución, creando un precedente que desde entonces se aplicó en todo el país. Este precedente sólo cubre a la educación básica, desde la primaria o escuela elemental hasta el bachillerato o prepa (high school). No hay derecho inherente de un indocumentado -o de un ciudadano- a la educación superior gratis (college y universidad).

Desde entonces, ha habido varios intentos por crear leyes que puedan litigarse hasta la Corte Suprema para intentar revertir la decisión. En teoría podría revertirse, pero hasta ahora ningún intento ha llegado tan lejos. La Proposición 187, aprobada en California en 1994, contradijo Plyler directamente y su intención era ponerla a prueba. Pero no ocurrió. Lo mismo una la ley de Alabama y sus cláusulas para deportar a inmigrantes.

Una iniciativa llamada “American Children First” presentada por un grupo activista del Tea Party en California ante el distrito escolar de Yucaipa-Calimesa pretendía “deshacerse” de Plyler, alegando que los niños indocumentados “no deben ser educados a expensas de los niños estadounidenses”. No obstante, la iniciativa falló porque fue presentada en un distrito escolar y las leyes locales no tienen injerencia sobre este asunto.

Pero grupos como la Federación de Reforma Migratoria Americana (FAIR), suelen agitar al respecto usando los costos y alegando que educar a los inmigrantes perjudica a los demás estudiantes. De hecho, FAIR publicó un estudio en septiembre pasado alegando un “crecimiento explosivo de estudiantes con inglés limitado que cuestan decenas de miles de millones, diluyendo la educación para todos”.

Pero la Corte Suprema no falla en base al costo de una política, sino respecto a su constitucionalidad. 

 

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