¿SEGUIRÁN LOS INDOCUMENTADOS TENIENDO DERECHO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA BÁSICA?
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El ambiente anti inmigrante vuelve a traer la retórica y los intentos de cambiar una decisión de la Corte Suprema que está por cumplir 35 años de emitida cuando decidió el caso Plyler v. Doe, que obliga a todos los distritos escolares del país a dar educación a niños indocumentados. Entretanto negar la educación pública a los indocumentados, sería una violación a las leyes y la constitución.

En recientes semanas se calentó la discusión en medios sociales respecto al “derecho” de indocumentados de ir a escuelas públicas, luego que se reportó la visita de un agente de inmigración a una escuela de Queens, Nueva York, supuestamente buscando interrogar a un estudiante de cuarto grado. Aún no está claro el porqué de la visita del agente, cuyos intentos fueron frustrados por funcionarios escolares quienes le impidieron el acceso al plantel. Pero no se trataba de un agente de ICE sino de USCIS, la agencia encargada de procesar documentos y ciudadanías.

Hace 35 años por la decisión Plyler vs Doe, la que una mayoría de los jueces de la Corte Suprema determinó que era inconstitucional la decisión de un distrito escolar del sur de Texas de cobrar a los indocumentados por su educación. El tribunal decidió que tal ley violaba la cláusula de protección igualitaria de la Décimo Cuarta Enmienda de la Constitución, creando un precedente que desde entonces se aplicó en todo el país. Este precedente sólo cubre a la educación básica, desde la primaria o escuela elemental hasta el bachillerato o prepa (high school). No hay derecho inherente de un indocumentado -o de un ciudadano- a la educación superior gratis (college y universidad).

Desde entonces, ha habido varios intentos por crear leyes que puedan litigarse hasta la Corte Suprema para intentar revertir la decisión. En teoría podría revertirse, pero hasta ahora ningún intento ha llegado tan lejos. La Proposición 187, aprobada en California en 1994, contradijo Plyler directamente y su intención era ponerla a prueba. Pero no ocurrió. Lo mismo una la ley de Alabama y sus cláusulas para deportar a inmigrantes.

Una iniciativa llamada “American Children First” presentada por un grupo activista del Tea Party en California ante el distrito escolar de Yucaipa-Calimesa pretendía “deshacerse” de Plyler, alegando que los niños indocumentados “no deben ser educados a expensas de los niños estadounidenses”. No obstante, la iniciativa falló porque fue presentada en un distrito escolar y las leyes locales no tienen injerencia sobre este asunto.

Pero grupos como la Federación de Reforma Migratoria Americana (FAIR), suelen agitar al respecto usando los costos y alegando que educar a los inmigrantes perjudica a los demás estudiantes. De hecho, FAIR publicó un estudio en septiembre pasado alegando un “crecimiento explosivo de estudiantes con inglés limitado que cuestan decenas de miles de millones, diluyendo la educación para todos”.

Pero la Corte Suprema no falla en base al costo de una política, sino respecto a su constitucionalidad. 

 

Edición de esta semana
CENTRO DE AYUDA A VICTIMAS LATINAS DE VIOLENCIA Y CRÍMENES
Por Michel Leidermann
EL LATINO visitó las oficinas del Centro de Asistencia a Latinos Victimas de Crimen en North Little Rock para conocer detalles sobre esta nueva organización que está ayudando a las victimas latinas (sin importar su condición migratoria) que han sido víctimas de crímenes y hablan poco inglés para ofrecerles ayuda con los tramites policiales/judiciales, apoyo emocional y desarrollar en la victima la confianza y la seguridad en sí misma para prevenir nuevos siniestros.   / ver más /
Michel Leidermann
comentario
par Michel Leidermann
La evidencia está a la vista: la Organización Trump, como decenas de otras empresas también habría contratado inmigrantes indocumentados, copiando de este modo una fórmula bastante conocida de beneficio económico al hacer uso de mano de obra sin documentos y, por ende, mal pagada y sin beneficios de salud. Unos necesitan de otros, cierto, pero la balanza siempre se inclina en favor de quien contrata.   / ver más /