LOS DEPORTADOS QUE VUELVAN A ENTRAR SIN PAPELES TENDRÁN PENAS DE HASTA 10 AÑOS
TRUMP LOGRA SU PRIMERA VICTORIA ANTINMIGRACIÓN EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
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Donald Trump ha logrado su primera victoria parlamentaria cuando la Cámara de Representantes aprobó dos proyectos de ley que materializan sus proclamas más extremas. Si el Senado los confirma, elevará hasta 10 años de cárcel la condena a los indocumentados que insistan en regresar a EE.UU.  tras su deportación, y que también le permite cancelar fondos a las ciudades santuario.

Trump necesitaba un éxito. No importaba que fuese pequeño o provisional. En las últimas semanas, el presidente no ha logrado ganar puntos en la arena parlamentaria. La reforma del sistema sanitario no encuentra mayoría en el Senado y la prometida reforma tributaria aún no ha superado la fase de borrador. Tiene el control de ambas cámaras, pero la sensación de que el presidente se mueve con excesiva lentitud en el Congreso es generalizada.

La política migratoria no escapa a esta percepción. Aunque en el terreno de lo inmediato han subido las detenciones de indocumentados y se ha reducido el trasiego ilegal en la frontera, las órdenes de Trump se han estrellado con la resistencia de las ciudades santuario. 

Urbes como Los Ángeles, Chicago o Nueva York, e incluso el Estado de California, se niegan a cumplir al pie de la letra las peticiones federales en materia migratoria, y evitan las identificaciones indiscriminadas y rechazan entregar indocumentados a las autoridades federales sin orden judicial. 

Aparte del desacuerdo ideológico, esta actitud tiene una explicación práctica: se trata de poblaciones con enormes bolsas de sin papeles y donde las órdenes de Trump abrirían una brecha insalvable entre los poderes locales y esa masa de ciudadanos (sólo en Los Ángeles viven cerca de 800.000 sin papeles).

La Casa Blanca y el fiscal general, Jeff Sessions, han calificado a las ciudades santuario de “amenaza para la seguridad pública” y el propio presidente lanzó una orden ejecutiva destinada a retirar fondos a aquellas que no colaborasen. La directiva, como ya viene siendo habitual en la era Trump, chocó con el muro judicial. Un magistrado de San Francisco la bloqueó provisionalmente por su presunta inconstitucionalidad.

Enfrentado una creciente resistencia política, Trump ha festejado la aprobación de los dos proyectos de ley que, en un país con 11 millones de indocumentados, tiene como fin endurecer sus condiciones de vida. 

La primera medida, la “H.R. 3003”, bautizada como el “Acta de Cero Santuario para Criminales”, priva de millones de dólares en fondos federales a localidades “santuario” que restrinjan la cooperación con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

La segunda, la “H.R.3004”, bautizada como la “Ley de Kate”, amplía los poderes del gobierno federal para enjuiciar y encarcelar a indocumentados que reingresan a EEUU tras su deportación; omite exenciones humanitarias para quienes huyen de la violencia, e incrementa las penas carcelarias para indocumentados con antecedentes penales.

Ambas medidas, el ataque a los santuarios y el castigo de los reincidentes, forman parte del duro del discurso de Trump. Para su presentación ante la Cámara de Representantes, el presidente ha empleado toda su artillería. Se ha reunido con familiares de víctimas, ha presionado a los congresistas y se ha volcado como pocas veces en Twitter.

Pese a su vehemencia, el éxito en la Cámara de Representantes es sólo provisional. Las leyes tienen aún que sortear el mayor escollo: el Senado. Ahí la mayoría republicana es exigua (52 frente a 48) y los textos corren el riesgo de naufragar. Ya ocurrió el año pasado con la Ley Kate. De volver a pasar, la debilidad parlamentaria de Trump quedaría en evidencia. 

 

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