TRUMP DECIDE ELIMINAR DACA EN UN PLAZO DE SEIS MESES Y PERMITIR LA DEPORTACIÓN DE 800.000 JÓVENES
INTENTA DAR TIEMPO AL CONGRESO PARA QUE APRUEBE UNA LEY QUE AYUDE A LOS
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Maria Meneses estudiante DACA y organizadora de la Coalición de Comunidades Unidas de Arkansas AAUCC), dirigió el martes 5, la conferencia de prensa en Little Rock sobre la cancelación del programa de Acción Diferida.

El presidente Donald Trump, puso fin al plan migratorio conocido como DACA, que ha protegido de la deportación a casi 800,000 jóvenes indocumentados, pero su decisión se ejecutará en un plazo de seis meses para dar tiempo al Congreso a buscar una solución permanente, que, de no hacerlo, pondrá en riesgo de deportación a cerca de estos miles de jóvenes indocumentados y a sus familias.

La incertidumbre es total para los beneficiados con DACA.

El fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions fue el encargado de hacer el anuncio oficial en una conferencia de prensa en la mañana del martes 5. "El programa es inconstitucional", dijo Sessions y añadió que el presidente Donald Trump estaba haciendo lo que prometió en campaña.

Se rumorea que fue él quien diseño la estrategia pues en su opinión, el Departamento de Justicia no tenía argumentos sólidos para defender DACA en las cortes como medida migratoria constitucional.

El presidente de la Cámara de Representantes del Congreso, el republicano Paul Ryan, que junto con otros republicanos, numerosos demócratas y líderes empresariales han presionado a Trump para que mantenga la Deferred Action for Childhood Arrivals o DACA, un programa que promulgó en 2012 el presidente Barack Obama y gracias al que miles jóvenes indocumentados han podido evitar su expulsión, estudiar en universidades, obtener un permiso temporal de trabajo, en algunos Estados una licencia de conducir, comprar casa, establecer negocios, e incorporarse a las Fuerzas Armadas.

 

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Trump terminó con DACA mediante una orden ejecutiva, el mismo mecanismo que Obama usó para promulgar el plan en 2012 con carácter temporal, pues el Congreso es el único que tiene capacidad para aprobar leyes y cambiar el sistema migratorio de EE.UU. y votar por una solución definitiva.

Durante la campaña electoral, Trump prometió que acabaría con DACA, aunque posteriormente, ya en la Casa Blanca, reconoció que ese era “uno de los temas más difíciles” a los que tenía que hacer frente durante su presidencia y aseguró que lo encararía “con corazón”, sin dar más detalles.

Durante meses, Trump ha estado presionado por grupos ultraconservadores y algunos miembros de su gabinete, como su asesor Stephen Miller y el secretario de Justicia, Jeff Sessions, para poner fin a “DACA”, al calificarlo como una medida “unilateral e inconstitucional”.

La semana pasada, una coalición de más de 350 líderes de empresas del país, incluyendo Apple, Facebook, Microsoft, y Amazon, se manifestó a favor de “DACA” a través de una carta abierta enviada a Trump y a los principales líderes del Congreso.

Según el conservador Instituto CATO, la deportación de los jóvenes amparados al “DACA” le costaría al gobierno más de $60,000 millones, además de una reducción de más de $280,000 millones en el crecimiento económico del país.

En julio pasado, líderes demócratas de ambas cámaras del Congreso presentaron una nueva versión del “DREAM Act” para amparar a los jóvenes DACA.

En la Cámara de Representantes, la denominada “American Hope Act” (“Ley de la Esperanza Americana”) de 2017 o HOPE, crea un camino en tres etapas, cada una con sus propios requisitos, hacia la legalización y eventual ciudadanía de los jóvenes amparados por DACA. La propuesta va más allá que ninguna otra legislación similar en la Cámara Baja porque cubriría a más jóvenes “sin papeles”.

En el Senado, la versión de HOPE presentada por el senador demócrata de Illinois, Dick Durbin, junto con el senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, también crea una vía hacia la legalización de los beneficiados por “DACA”.

Las discusiones en la Casa Blanca se centraron en la expectativa de que el gobierno deje de procesar las renovaciones y las nuevas solicitudes como una forma de darle fin al programa, aunque  detalles como cuándo sería la fecha efectiva y qué sucedería con las aplicaciones en proceso aún están por decidirse.

Los republicanos, que controlan ambas cámaras del Congreso, aún no han programado fecha para debatir y votar los dos proyectos de ley presentados, pero ahora solo tiene seis meses para decidir el futuro de 800.000 Dreamers. 

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