EL CANAL DE NICARAGUA QUE SE QUEDÓ EN LA NADA
OTRA PROMESA ABSURDA DE DANIEL ORTEGA
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La obra, valorada en US$50.000 millones, debería ser inaugurada en 2020, pero hasta la fecha en la ruta trazada solo pastan vacas y los pescadores locales continúan con su rutina

La promesa de Daniel Ortega, el eterno presidente de Nicaragua era convertir a este país agrícola y atrasado, en la “tierra prometida”, una nueva nación enriquecida gracias al proyecto que pondría al mandatario en las páginas de la Historia: la construcción de un canal interoceánico que sería la competencia al de Panamá, una obra enorme cuya concesión fue entregada a un empresario chino, Wang Jing, en diciembre de 2014. 

Tres años después de entregada la concesión, Nicaragua sigue igual de pobre y atrasada y del canal no hay ni una piedra que indique que su construcción se hará realidad. 

Hace casi dos años que no se ve al chino Wang por Nicaragua. La gigantesca maquinaria anunciada para partir al país en canal sigue en espera y no se conoce ni un solo inversionista interesado en poner su dinero para impulsar la construcción de la obra. 

Entretanto, Wang ha hecho otras inversiones en Nicaragua: su empresa de telecomunicaciones, Xinwei, es la única autorizada para vender drones en este país —donde por regla estatal están prohibidos— y en mayo pasado lanzó Cootel, la marca comercial que ofrece servicios de telecomunicaciones con una presencia tímida en el país, lejos de la inversión inicial de US$2.000 millones que había prometido. 

El tema volvió al interés de la prensa nacional e internacional, que ha determinado que el proyecto es un fiasco.  Las dudas sobre la construcción del proyecto comenzaron en octubre de 2015, cuando se conoció que Wang Jing había perdido el 85% de su fortuna por las caídas de las acciones de Xinwei. 

El Canal de Nicaragua, que tendría una extensión de 278 kilómetros entre la costa del Pacífico del país y la del Caribe, permitiría el paso de una nueva generación de buques porta contenedores de 400.000 toneladas. La concesión fue aprobada por la Asamblea Nacional —cuya mayoría controlaba Ortega— el 13 de junio de 2013, sin que se sometiera a consultas o a un referendo y sin que se conocieran estudios de viabilidad económica y ambiental del proyecto. 

Ciudadanos y organizaciones sociales interpusieron ante la Corte Suprema de Justicia 30 recursos por inconstitucionalidad contra la concesión, pero fueron desestimados por la Suprema.

Lo que han dejado estos cuatro años de promesa de progreso y riqueza ha sido la consolidación de un movimiento campesino fuerte, que ha plantado cara al gobierno de Ortega. Ese movimiento exige la derogación de la concesión, que da amplios poderes a Wang y es una amenaza sobre sus tierras, localizadas en el sur de Nicaragua. 

 

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