LA MASACRE DE AYOTZINAPA CUMPLE TRES AÑOS SIN RESPUESTAS
EL GOBIERNO NO HA SIDO CAPAZ DE ACLARAR EL CASO DE LOS 43 ESTUDIANTES DESPARECIDOS 
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México ha sufrido una acumulación de tragedias sin resolver. Una semana después de que un terremoto de magnitud 7.1 azotara el centro del país y se llevara por delante la vida de al menos 331 personas, todavía no se encuentran las respuestas sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace tres años. 

Uno de los sucesos más graves de la historia del país, que abrió profundas cicatrices en la imagen del Gobierno mexicano y puso a la nación en la mira internacional, cumple años sin una sola sentencia condenatoria por lo ocurrido y con las mismas dudas: ¿Qué pasó? ¿Dónde están?

Durante estos 36 meses la investigación se ha enredado tanto que la información al respecto se ha vuelto abrumadora. Hay tantas versiones, a veces contradictorias, que resulta confuso determinar cuándo ocurrió tal cosa, cómo ocurrió y dónde. Hasta la fecha se han detenido a más de 120 sospechosos, pero no se ha emitido ninguna sentencia condenatoria. Y solo cuatro están acusados de homicidio, tentativa de homicidio y ninguno por desaparición forzosa. 

Únicamente los restos de un estudiante pudieron ser identificados. Sobre los otros 42, no ha sido posible determinar dónde están o qué les ocurrió.

La teoría oficial fue desde el primer momento que los estudiantes fueron asesinados por narcos de Iguala en Guerrero e incinerados en un basurero en medio del monte. No obstante, ante las dudas que planteaba esta hipótesis, un grupo de cinco especialistas extranjeros, designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conocidos como el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), analizó las pruebas e hizo sus propias pesquisas. Concluyó que esa versión no se sostenía con hechos y que dependía de confesiones de detenidos que pudieron haber testificado bajo tortura.

Durante un año los expertos internacionales se encargaron de recabar testimonios, revisar documentos y vídeos de lo ocurrido en 2014. Su posición crítica respecto a temas polémicos, como el papel del Ejército —a quien se le acusó de no actuar durante la cacería contra los estudiantes— incomodaron al Ejecutivo. En su informe final presentado en abril del 2016 el GIEI acusó dilaciones, obstrucciones y bloqueos del Gobierno mexicano al trabajo realizado.

El Gobierno y los expertos ni siquiera coincidieron en la causa de la masacre. Según la versión oficial, la noche del 26 al 27 de septiembre, la policía local de Iguala se lanzó a una feroz persecución de los autobuses de los estudiantes. Tras la cacería aparecieron 6 cadáveres y desaparecieron 43 alumnos. La explicación del Gobierno fue que el alcalde, mafioso en jefe del municipio, dio una orden de correctivo a aquellos jóvenes marxistas que derivó en un desastre: la policía los detiene, los entrega a los narcos y estos, confundiéndolos con narcos rivales, optan por matarlos. Los queman en una pira de neumáticos y madera. Tiran sus cenizas a un río.

El GIEI negó que los cuerpos de los estudiantes hubieran sido quemados en el basurero y resaltó que el batallón militar de la zona vio la persecución y detención de los estudiantes. Además, no creyó en la teoría de la orden del alcalde y planteó la sospecha de que uno de los autobuses —líneas de pasajeros tomadas a la fuerza por los estudiantes para ir a una manifestación en Ciudad de México— llevara escondido un alijo de heroína sin que ellos lo supieran, que los narcos no quisieron perder y cuyo desvío castigaron con furia. 

Los expertos internacionales pidieron entrevistar a los soldados del batallón y nunca se lo concedieron. “Dentro del aparato del Estado hay fuerzas que no quieren que se investigue la verdad. Son fuerzas estructurales”, afirmaba en una entrevista a este diario el español Carlos Beristáin, integrante del GIEI. 

 

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