El Gobierno federal no podrá establecer fianzas desacordes con la capacidad financiera de los indocumentados detenidos, dictaminó hoy la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, al darle la razón a una indocumentada mexicana.

La decisión de la corte favorece a Xóchitl Hernández, que encabezó una demanda colectiva instaurada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), entre otras organizaciones civiles, para frenar atropellos en ese sentido en el sur de California.

Hernández, a quien le impusieron una fianza de $60.000, argumentó que los jueces de inmigración no toman en cuenta los ingresos económicos de los indocumentados para establecer el valor de una fianza para lograr la libertad mientras sigue el proceso migratorio.

La mexicana, que tiene 5 hijos y cuatro nietos nacidos en Estados Unidos, fue detenida en Los Ángeles en febrero de 2016, y tuvo que pasar más de 6 meses en el Centro de Detención de Inmigración de Adelanto, en California, al carecer de recursos para la fianza.

“Nadie puede ser encarcelado simplemente por su pobreza”, aseguró el juez federal Stephen Reinhardt en su fallo. Entre tanto, ante la presión de la demanda, en septiembre del año pasado el juez rebajó la fianza de la mexicana a 5.000 dólares.

El fallo es una importante victoria legal en la defensa de los derechos de inmigrantes, aseguraron los demandantes, entre ellos ACLU y la Fundación de la Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California.

“Esta es la primera vez que una corte de apelaciones federal ha exigido que las autoridades de inmigración consideren las circunstancias financieras de las personas al fijar la fianza. Es un recordatorio importante que el debido proceso se aplica a todas las personas en Estados Unidos”, dijo Michael Tan, abogado de ACLU.

La decisión favorece también a aquellos que están solicitando asilo político.