El jueves 26 contrario a lo esperado, Donald Trump no declaró una emergencia nacional por la ola de adicción a opiáceos que sufre Estados Unidos en los últimos años, pese a lo prometido y optó por una declaración de emergencia sanitaria pública. 

La opción de emergencia nacional significaba acceso inmediato al fondo especial habilitado para desastres naturales, mientras que los recursos extra de emergencia sanitaria pública. están aún por concretarse por el Congreso. Entre otras medidas, ahora se facilita el acceso a medicamentos contra la adicción. 

Lo que en Estados Unidos llaman ya epidemia es una crisis de consumo de drogas, sobre todo heroína, que fue agravándose sobre todo desde 2012 por causas no completamente definidas y que tiene a toda la plana política desconcertada. Según los datos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el abuso de estupefacientes costó la vida de 64.000 estadounidenses el año pasado. El fenómeno afecta a zonas rurales y urbanas y a diferentes clases sociales.

El presidente calificó de “crucial” este paso y reclamó a todos los Gobiernos y las agencias públicas involucradas que pongan cuanto antes todos los recursos a su alcance en marcha para acabar con esta monstruosidad.

Trump, que no bebe, habló de su hermano Fred. “Tenía una personalidad mejor que la mía, pero tenía un problema con el alcohol, tuvo una vida muy, muy dura”, dijo, y añadió que él le persuadió de no beber. También sacó a colación su proyecto de construir un muro de separación con México y aseguró que ayudará a combatir la entrada de droga en EE.UU. que tiene en los cárteles mexicanos a sus principales proveedores.

Muchas muertes estaban relacionadas con una prescripción indebida de medicamentos opiáceos –se dieron 216 millones de recetas el año pasado– y el uso de derivados sintéticos de estos. Más de un millón de ciudadanos usó heroína el año pasado y 11 millones abusaron de opiáceos prescritos por médicos. 

La emergencia sanitaria oficial permite suavizar algunas regulaciones, flexibiliza el uso que los Estados pueden hacer de los fondos federales, potencia la telemedicina y permite priorizar recursos. También se acelerarán las contrataciones de facultativos en las regiones más castigadas.

No se llevaba a cabo una medida así desde 2009, cuando se produjo el brote de gripe H1N1. 

La situación de emergencia oficial está prevista para un periodo de 90 días, pero se pueden renovar.