JUEZ DECLARA INCONSTITUCIONAL DECRETO DE TRUMP CONTRA CIUDADES SANTUARIO
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William Orrick, juez de la Corte Federal, bloqueó permanentemente el decreto del presidente Donald Trump de recortar el financiamiento de las ciudades santuario, es decir, aquellas que restringen la cooperación con las autoridades de inmigración.

Orrick emitió el fallo el miércoles 20 en demandas presentadas por dos condados de California, San Francisco y Santa Clara. Argumentando que Trump no puede establecer nuevas condiciones de gasto ya aprobadas por el Congreso.

La decisión anula el decreto que firmó Trump en enero, poco después de asumir el cargo, que fue diseñada para tomar medidas enérgicas contra las llamadas "ciudades santuario", municipios que no cumplen con las solicitudes de inmigración y aduanas (ICE) para identificar y deportar inmigrantes indocumentados.

Las jurisdicciones que se han negado a cumplir incluyen las ciudades de Chicago, Nueva York, Los Ángeles y San Francisco.

El decreto fue creado con el fin de "despojar el dinero de las subvenciones federales de los estados santuarios y las ciudades que albergan inmigrantes ilegales". El decreto inmediatamente provocó un desafío judicial, primero por San Francisco y seguido por otros condados, incluyendo Santa Clara, también en California.

No obstante, un portavoz del Departamento de Justicia dijo que el tribunal había "excedido su autoridad" en su decisión y prometió que el departamento seguiría las indicaciones de Trump con respecto al decreto de enero.

El término "ciudad santuario" es un término amplio que se aplica a las jurisdicciones que tienen políticas vigentes diseñadas para limitar la cooperación o la participación en acciones federales de aplicación de la ley de inmigración. La mayoría de las políticas se centran en no cooperar con la aplicación de la ley federal en las políticas de inmigración. Muchas de las ciudades más grandes del país tienen formas de tales políticas.

La idea de las ciudades santuario parece haber surgido de las iglesias en la década de 1980 que proporcionan refugio a los centroamericanos que huyen de la violencia en su país en medio de la renuencia del gobierno federal estadounidense a otorgarles el estatuto de refugiados. 

 

 

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