MÉXICO APRUEBA LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR PESE AL REPUDIO Y LAS PROTESTAS 
LA NORMA PERPETÚA EL USO POLICIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
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Pese a las protestas y el rechazo general de organismos nacionales e internacionales, el Gobierno de México ha sacado adelante la Ley de Seguridad Interior. En la práctica, la norma perpetúa el uso policial de las Fuerzas Armadas. Lo que empezó como una excepción hace 11 años, el apoyo militar en tareas de seguridad pública, alcanza ahora rango de ley. 

Desde diciembre de 2006, las Fuerzas Armadas sustituyen a cuerpos policiales en cientos de municipios de todo México. Fue una de las primeras decisiones que tomó Felipe Calderón al iniciar su mandato. Calderón mandó al Ejército a Michoacán, Estado que sufría entonces los embates de varias organizaciones criminales. Luego llegaron Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero y Chihuahua.

Tanto el Ejército como la Armada asumen desde entonces el trabajo de las policías incapaces o corruptas. La ley, dicen sus defensores, les da ahora un marco jurídico para que actúen. El problema, dicen sus detractores, es que es vaga, ambigua, carece de un plan para fortalecer a las policías y no prevé el retorno de los militares a los cuarteles.

En estos años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, ha recibido miles de denuncias por abusos de militares y marinos. En 197 ocasiones, CNDH, ha señalado torturas, asesinatos y desapariciones forzadas, según la cuenta de la organización Comisión Mexicana de Defensa y Protección de Derechos Humanos.

La ONU, la OEA y la propia CNDH han unido fuerzas estos días y divulgaron una carta de rechazo a la normativa: “Nos preocupa que otorgue a las Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles”.

En las últimas versiones del texto dice que: “Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior”.

Otro de los puntos faculta a las fuerzas federales a implementar “sin necesidad de declaratoria de protección a la seguridad interior, políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los riesgos”. En este caso destaca la ambigüedad al no definir qué tipo de programas o acciones.

La ley prevé que el Gobierno federal despache una “declaratoria de protección a la seguridad interior” ante una amenaza, en cualquiera de los estados del país. El Ejecutivo puede hacerlo por iniciativa propia o a petición de los gobiernos estatales. Una ola de asesinatos, por ejemplo, o de secuestros. 

 

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