EMPRESAS SE PREPARAN PARA PERDER MILES DE TRABAJADORES MIGRANTES
MILES DE EXTRANJEROS AHORA ESTÁN EN RIESGO DE PERDER SUS PERMISOS DE TRABAJO
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Limpian los edificios del gobierno federal en Washington y cuidan de los ancianos en Boston. Están ayudando a reconstruir zonas destruidas por el huracán Harvey en Houston. Están en el nuevo estadio de los Halcones de Atlanta; asan la carne en Porter Luger Steak House –uno de los mejores en Nueva York–, y son parte de la experiencia de ir a Disney World. Si todos estos lugares tienen algo en común es que han dependido de trabajadores migrantes como empleados.

Son los inmigrantes de Haití y de Centroamérica que rehicieron sus vidas gracias un permiso que recibieron hace años del gobierno para poder residir y trabajar en EE.UU.. Miles ahora están en riesgo de perder ese estatus en el gobierno de Donald Trump, que anunció el fin del programa para 200.000 migrantes salvadoreños que deberán dejar el país para septiembre de 2019 o enfrentarse a la deportación.

Incluso si se quedan de manera ilegal, ellos –al igual que los jóvenes migrantes conocidos como Dreamers cuyo estatus también expirará este invierno– ya no contarán con los permisos de trabajo. Eso tiene el efecto potencial de retirar de golpe a más de un millón de trabajadores de la fuerza laboral estadounidense. Y las empresas de EE.UU. que emplean a estas personas se verán forzadas en un plazo de pocos meses a buscar sustitutos, si es que pueden encontrarlos.

Aquellos con TPS —concentrados sobre todo en California, Texas, Florida, Nueva York, Virginia y Maryland— trabajan sobre todo en construcción, restaurantes y tiendas de autoservicio, así como de jardineros y cuidadores, según datos recopilados por el Center for Migration Studies, organización sin fines de lucro que se ha pronunciado a favor de mantener el programa.

Más de 45.000 haitianos deberán salir para julio de 2019; unos 57.000 hondureños esperan –aunque los pronósticos no los favorecen– obtener una extensión a su TPS cuando el gobierno de Trump revise su renovación.

Otro reporte, del Immigrant Legal Resource Center, prevé que quitarle la protección a los salvadoreños, hondureños y haitianos reduciría los pagos de contribuciones a los programas de Seguridad Social y Medicare en unos $6.900 millones a lo largo de la siguiente década y que recortaría en hasta $45.200 millones el producto interno bruto estadounidense.

El gobierno y sus simpatizantes argumentan que hay una consideración económica para tener mayores controles sobre la inmigración: afirman que esos trabajos podrían ser hechos por trabajadores estadounidenses y no por extranjeros.

Pero por otro lado los líderes empresariales a menudo insisten en que no pueden encontrar los necesarios trabajadores, más allá de si son o no estadounidenses. Las empresas de construcción ya enfrentan una escasez de obreros y entonces tendrían que remplazarlos con lo que dijeron es una oferta de mano de obra insuficiente o terminar por no iniciar nuevos proyectos.

Muchos de los beneficiarios dijeron que, incluso so pena de deportación y otras calamidades, buscarán quedarse aun cuando pierdan la protección del TPS. 

 

 

 

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