GOBIERNO ESTUDIA CAMBIO REGULATORIO CONTRA CIERTOS INMIGRANTES QUE SOLICITEN AYUDA PÚBLICA
ESTE PLAN LE NEGARÍA LA RESIDENCIA LEGAL A MILES DE INMIGRANTES
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Trump está considerando hacer más difícil para los extranjeros que viven en los Estados Unidos la obtención de la residencia permanente (Green Card) si han recibido ciertos beneficios públicos, tales como la asistencia alimentaria.

Como parte de su esfuerzo por restringir la inmigración legal, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estudia un posible cambio regulatorio para que sea más difícil obtener la residencia permanente u otro ajuste migratorio a extranjeros que puedan recibir beneficios públicos para ellos o sus hijos estadounidenses. El cambio en los reglamentos relacionados con la “carga pública” es por ahora sólo un borrador de propuesta, pero ya ha sonado las alarmas entre grupos defensores de los inmigrantes en todo el país.

“Los no ciudadanos que reciben beneficios públicos no son autosuficientes y dependen del gobierno de Estados Unidos y las entidades estatales y locales para obtener recursos en lugar de sus familias, patrocinadores u organizaciones privadas”, señala el documento. Por ejemplo, los agentes migratorios podrían mirar si el solicitante de una “green card” ha inscrito a un niño en los programas de preescolares públicos o subsidios para facturas de servicios públicos o las primas de seguro médico recibido.

En concreto, el cambio propuesto permitiría que las autoridades migratorias puedan negar la “tarjeta verde” u otro ajuste migratorio a quienes considere que puedan depender de ciertos beneficios públicos para ellos o sus hijos nacidos en EE.UU.. La Administración Trump ya había intentado algo similar el año pasado mediante una orden ejecutiva filtrada a la prensa pero que nunca se adoptó oficialmente.

La ley migratoria actual define como “carga pública” a individuos que reciben ayuda del gobierno como un subsidio directo, o a través de programas financiados por el gobierno, incluyendo cupones de comida.

Pero el DHS quiere ampliar el escrutinio de los beneficios públicos que reciba un extranjero o su familia en el futuro, argumentando que el uso de esas ayudas por parte de extranjeros puede “proveer un aliciente para que los extranjeros emigren a EE.UU.”. Es decir, el DHS recurre al conocido argumento de que los inmigrantes son una “carga pública” porque utilizan programas financiados con los impuestos de los estadounidenses.

Un estudio de 2016 de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina determinó que, entre los hogares inmigrantes con menores de edad, el 5,5% recibe subsidios públicos, y el 4% recibe ayuda de vivienda. A manera de comparación, entre los hogares estadounidenses, los porcentajes son del 6,3% y 5%, respectivamente.

De implementarse, el cambio permitiría que el DHS tome en cuenta si un extranjero –ya sea que solicita la residencia permanente u otro tipo de visa- recibe beneficios como “Head Start”, el “Programa de Cuidado de Salud para Niños” (CHIP o Arkids), cupones de comida, asistencia alimentaria para “WIC”, “Medicaid”, subsidios de vivienda, de transporte, calefacción, o para la compra de seguro médico bajo “Obamacare”.

Las normas no se aplicarían a los residentes permanentes que solicitan la ciudadanía, pero se aplicarían a las personas que viven o trabajan en los EE.UU., incluyendo a los miembros cercanos de la familia de ciudadanos y de los trabajadores empleados por las empresas estadounidenses. 

 

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Michel Leidermann
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par Michel Leidermann
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