Ciudad de Rogers considera multar a empleadores y arrendadores de indocumentados
Por Michel Leidermann
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ROGERS – El Alcalde de la ciudad de Rogers en el Noroeste de Arkansas, Steve Womack, está considerando proponer una ordenanza que declararía a los extranjeros indocumentados un “perjuicio público” e impondría multas a las personas y empresas que emplean o que alquilan a los residentes indocumentados.
Womack pidió que el abogado de la ciudad, Ben Lipscomb, investigara la “aplicación legal a los extranjeros ilegales” de la ordenanza que propondría según un correo electrónico que el alcalde envió a los miembros del consejo municipal el pasado jueves 26.
Lipscomb a su vez, solicitó una copia de una ordenanza pasada el mes pasado en al pueblo de Hazleton, Pennsilvania, para servir como ejemplo para la ordenanza que también podría aplicarse en Rogers.
La ordenanza que le ha dado notoriedad nacional al pueblo de Hazleton, establece sanciones para los empresarios que contraten a inmigrantes indocumentados y a los propietarios de vivienda que se las den en alquiler, y declara el inglés como idioma oficial de la ciudad. Igualmente permite que los Agentes de códigos municipales, investiguen quejas sobre indocumentados. La ordenanza ha sido aprobada por el concejo municipal y entró en vigencia el miércoles 1 de noviembre.
Una versión inicial de la ordenanza en Hazleton, fue objeto de una moratoria el mes pasado, después de que la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) junto con activistas latinos, presentaron una demanda en un tribunal federal, a fin de revertirla, alegando que era discriminatoria y no practicable.
La versión revisada de la ordenanza en Hazleton, fue elaborada para resistir la presión legal, permite que las autoridades municipales verifiquen los documentos de inmigración y concede un plazo de 3 días a los empresarios para despedir a sus trabajadores indocumentados o perder su licencia de negocios que es necesaria para operar en Hazleton. Los empleadores deben inscribirse en el “Basic Pilot Program” creado por ley en 1996, para verificar electrónicamente la veracidad de los documentos presentados por los trabajadores
Los arrendadores deben pagar una cuota de inscripción anual de $5 por cada unidad de renta y la ordenanza les da un breve plazo para que corrijan cualquier situación irregular. Los inquilinos también tendrán que pagar una cuota de $10 para residir dentro de los límites de la ciudad y presentar su documentación cuando lo hacen.
Desde que Hazleton adoptara la ordenanza inicial, unos 40 municipios en todo el país han adoptado leyes similares o las tienen en debate, afirmó el alcalde de Hazleton, Lou Barletta.
Los defensores de los derechos civiles alegan que la ordenanza agravará las tensiones raciales en la ciudad, al alentar a los vecinos a denunciarse unos a otros.
El Alcalde de Rogers, Steve Womack, justificó su propuesta diciendo que está frustrado por el incidente ocurrido la semana pasada en Rogers, cuando el oficial de policía, Brian Culpepper, con 8 años de servicio en Rogers, fue baleado en la pierna alrededor de las 4:50 PM. el viernes 20 de octubre pasado, frente al 703 E. Mimosa Place en Rogers.
Culpepper ejecutaba en esa casa una orden de arresto por tráfico de drogas. Era parte de un grupo de 10 oficiales compuesto también por agentes antinarcóticos de Rogers y alguaciles del condado de Benton.
El disparo ocurrió cuando una mujer comenzó a luchar con el alguacil Kelley Cradduck, quien entró a la casa con una pistola Glock 40 desenfundada. La pistola se disparó cercenando una vena en la pierna derecha de Culpepper.
Ricardo Mora, de 32 años, fue arrestado en esa operación, acusado de posesión de drogas con intención de venta, y de posesión de artefactos para fabricar metanfetamina. José Mora, de 23 años, hermano de Ricardo, también fue arrestado como cómplice. María Herminia Ayón Torres, de 31 años, fue deportada a inicios de semana. Los hijos están bajo custodia protectora.
Los vecinos dicen que la pareja (Ricardo y María Herminia), tiene cuatro niños menores, que la madre se queda todo el tiempo en la casa, y que han visto al padre trabajar reparando autos.
Según el alcalde Womack, los extranjeros indocumentados contribuyen a la actividad criminal, de pandillas y de drogas en Rogers. “Está fuera de control, y necesita ser refrenada,” dijo Womack. “Necesitamos hacer algo ahora, y no va a mejorar.”
Womack escribió en el correo electrónico, que cuando discutió el incidente de Culpepper con el Departamento de narcóticos de la policía de Rogers, “llegó a ser evidente que la mayoría de nuestros problemas implica a ilegales. Esto es simplemente inaceptable. Tenemos negocios que los emplean y propietarios que les alquilan. Quizás es tiempo que nuestra ciudad tome una posición de lideranza, que los legisladores nacionaleds no están dispuestos a tomar. sabemos que nosotros (el ayuntamiento de Rogers) no somos agentes de inmigración, pero sin embargo, la ordenanza de Hazleton se basa en la premisa de que las ciudades pueden prevenir perjuicios públicos. Esta comunidad ha sido muy paciente y tolerante. Pero se está acabando nuestra paciencia” terminó escribiendo Womack.
El Representante del Noroeste de Arkansas por el 3er distrito, el republicano John Boozman, dijo que estaría interesado en conversar con Womack para ver lo que el alcalde tiene en mente. Boozman dijo que él entiende la frustración de Womack con el gobierno federal.
El Concejal de Rogers, Greg Hines, a su vez dijo que la nueva ordenanza podría ser difícil de hacer cumplir, pero que Rogers necesita leyes para proteger a sus ciudadanos contra los problemas causados en parte por los extranjeros ilegales.
Hines agregó “no es una cuestión de raza. Estas acciones no están pensadas para ser “contra-inmigrante. Todos sabemos que hay muchas familias inmigrantes estupendas trabajando y viviendo aquí”.
Margarita Solorzano, directora ejecutiva de la Organización de las mujeres hispanas de Arkansas (HWOA), expresó que “Rogers no debe tomar una acción punitiva colectiva basada solamente en el incidente del 20 Octubre. Sería muy desafortunado, tomar tal acción, basada en un solo caso. La comunidad entera sentiría el impacto. Económicamente, los Latinos pararían de comprar y hacer negocios en la ciudad, y la comunidad latina se sentiría como marcada”.
A esto Womack respondió que la economía de la ciudad podría sobrevivir sin los extranjeros ilegales que trabajan en Rogers. “Podemos tener que comenzar a elegir entre un impacto económico y una calidad de vida”.
Pero Raymond Burns, presidente de la Cámara de Comercio del área de Rogers-Lowell, indicó que los negocios no deben ser injustamente penalizados por emplear a extranjeros indocumentados, si es que hacen todo que pueden hacer legalmente para determinar el estado migratorio de sus empleados. “Esto es un problema federal y no debe responsabilizarse a los empresarios que tratan de cumplir con las leyes,” explicó.
En vista de las dudas que causaron sus anteriores declaraciones y su correo electrónico, el alcalde Womack, llamó a una conferencia de prensa el viernes 27, a la cual no asistió Steve Helms, el jefe de policía de Rogers.
Womack comenzó la reunión aclarando que no podía “probar” sus anteriores afirmaciones de que “la gran mayoría de los problemas de drogas y de pandillas en Rogers, eran causados por los ilegales, pero que eso no lo detendría de seguir adelante con su propuesta para una nueva ordenanza municipal. “Tenemos un serio problema” señaló. Otro asistente a la reunión, el sargento Kelley Cradduck, jefe del Departamento de supresión de pandillas de la policía de Rogers, expuso que “el estimaba que 40% de los casos que maneja su división, son causados por pandilleros indocumentados”.
El abogado Lipscomb, apuntó que el borrador de propuesta para la ordenanza estará lista para fines de semana, e incluirá una descripción de como los indocumentados pueden constituir un “perjuicio público” en Rogers.
Grupos opositores a este tipo de medidas contra los indocumentados, cuestionan si las municipalidades pueden intervenir en un asunto federal de inmigración, pero Lipscomb explicó que la ordenanza “no califica a las personas” sino a la “eliminación de perjuicios públicos” siguiendo la autoridad municipal para proteger el bienestar de su ciudad.
La ACLU asevera que la ordenanza “se interpondría ilegalmente en los derechos de los arrendatarios, empleadores y propietarios de negocios”.
Según Jan Skopecek, director de la Asociación de constructores de Viviendas en el Noroeste de Arkansas, la ordenanza sin duda afectaría a la industria de la construcción en esa zona del estado. Rogers tiene 5,150 unidades de vivienda para la renta según cifras de un censo especial realizado el 2006.
Asímismo este censo dice que 15,062 residentes o sea el 30.9% del total de 48,666, son latinos.
El alcalde Womack además comentó que la ciudad de Springdale, vecina a Rogers, igualmente estaría estudiando la posibilidad de proponer una ordenanza similar en su junta municipal el próximo 14 de noviembre.
Por último Womack especificó que “hace 10 o 15 años atrás, Rogers no tenía problemas de pandillas o graffiti”, queriendo con esta declaración hacer un paralelo entre la aparición de estos problemas y la llegada de latinos a Rogers durante el mismo período de tiempo.
El día martes 31, los periódicos locales de la ciudad de Hazleton, informaron que los  inmigrantes latinos han empezado a abandonar la ciudad donde el miércoles 1 de noviembre  entraron en vigor ordenanzas municipales contra los indocumentados. El diario Philadelphia Inquirer reveló que varios establecimientos cuyos clientes eran especialmente inmigrantes latinos, han comenzado a cerrar y otros están en una nerviosa espera.
Queda por ver si los residentes de Rogers y sus concejales municipales logran imponer o no duras medidas a los residentes indocumentados de su ciudad, demostrando con ello su falta de sentido común y responsabilidad cívica, al echarle la culpa a un grupo de residentes que ha contribuido grandemente al desarrollo económico de su ciudad y del noroeste de Arkansas en general, de los nuevos problemas que están ocurriendo no sólo en Rogers sino lamentablemente en una gran mayoría de ciudades del país, en lugar de solucionar los problemas estrictamente policiales y de códigos municipales, sin tener que perseguir a nuestros paisanos.
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Michel Leidermann
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par Michel Leidermann
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