Los curas bajo el mandato del Arzobispado de Paraná, en la provincia argentina de Entre Ríos, no pueden tener contacto físico con niños, tienen prohibido compartir con ellos habitaciones de hotel o cualquier otro sitio y cuando escuchen sus confesiones tendrán que dejar la puerta de la sacristía abierta. Si deben viajar en auto con un menor, el sacerdote procurará la presencia de otro adulto. 

El listado pertenece a un protocolo de buena conducta elaborado por las autoridades eclesiásticas para prevenir abusos sexuales, una solución de emergencia ante la sucesión de hechos de pedofilia grave en esa arquidiócesis del interior del país, donde se agrupa casi medio millón de fieles.

La Conferencia Episcopal Argentina recomendó a cada diócesis que elabore un código de abordaje de las denuncias. 

El protocolo y tiene como objetivo limitar al máximo la posibilidad de contacto físico entre los sacerdotes y los niños de la comunidad. Las normas rigen también para la protección de adultos vulnerables. 

Fue presentado por el obispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, sin mucha pompa, pero su contenido fue publicado en la web para que todos puedan verlo.

Los sacerdotes saben ahora que no podrán “realizar cualquier insinuación, comentario o chiste sexual”, “poseer o exhibir cualquier material sexual o pornográfico” o “involucrarse en conductas sexuales secretas o manifiestas”, con menores de edad. El contacto físico también está terminantemente prohibido, y si “es el menor o el adulto vulnerable quien inicia gestos como un abrazo, la respuesta debe ser sobria, breve y apropiada, y siempre en lugares públicos y delante de otras personas”.

En Paraná ya inicio el juicio oral contra el cura Juan José Ilarraz, acusado de abusar de medio centenar de seminaristas de 10 a 14 años, entre 1984 y 1992. 

La Justicia de la ciudad también ha debido intervenir en el caso del cura colombiano Juan Diego Escobar Gaviria, condenado en agosto del año pasado a 25 años de cárcel por cuatro casos de abuso contra cuatro monaguillos.

El protocolo no ha pasado desapercibido entre los abogados que impulsan las causas por pedofilia contra miembros de la Iglesia, como Carlos Lombardi, de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico. “A nosotros nos da argumentos para elaborar las denuncias, pero el problema es que en el fuero eclesiástico nadie controla esto”, dice Lombardi. “La Iglesia considera los abusos más como una falta moral que como un delito y esa falta moral es consecuencia de la debilidad de los sacerdotes, que se convierten en víctimas que no pueden contenerse ante la tentación. La crudeza del protocolo refleja esta mirada”.