TRIBUNALES DE INMIGRACIÓN TIENEN ATASCO DE MÁS DE 692,000 CASOS
EN LA ACTUALIDAD, LA RESOLUCIÓN DE UN CASO TOMA UN PROMEDIO DE 561 DÍAS
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Durante una presentación en el Club Nacional de Prensa, James McHenry, director de la Oficina Ejecutiva para la Reforma Migratoria (EOIR), a cargo de los tribunales de Inmigración, dijo que, en la actualidad, el atasco en los tribunales ya superó los 692,298 casos activos, aparte de los 330,000 casos en trámites de “cierre administrativo”.

“Siempre está la posibilidad de más casos” y aún con la contratación de más jueces, la eliminación de este “tapón” en los tribunales podría tomar “años”, afirmó McHenry, durante un encuentro organizado por el conservador Centro de Estudios de Inmigración (CIS).

La EOIR supervisa a los 334 jueces de Inmigración distribuidos en 58 tribunales en todo el país. La Administración Trump solicitó más fondos para la contratación de jueces adicionales y así sumar 700, pero el Congreso sólo autorizado fondos para 150 más.

McHenry reconoció que, en el anticuado sistema actual, puede tomar hasta un año contratar a un juez, pero expresó confianza en que un programa piloto para digitalizar los expedientes de los tribunales ayude a agilizar la contratación de jueces con la meta de reducir la espera de 10 meses a entre 6 y 8 meses este año.

En días recientes, la oficina de McHenry ya había advertido de que el aumento de detenciones en la frontera sur agravaría el atasco en los tribunales porque, en el marco del debido proceso, los inmigrantes indocumentados tienen derecho a acudir a esos tribunales a defender sus casos.  En la actualidad, la resolución de un caso toma un promedio de 561 días.

McHenry no tocó el tema de los casos de niños no acompañados, en unos momentos en que la Administración ha adoptado la práctica de separarlos de sus padres en la frontera. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) insiste en que solo busca el bienestar y la seguridad de los niños para que éstos no caigan en manos de traficantes de personas.

Pero, según grupos como Amnistía Internacional y el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), si la meta es proteger a los niños no acompañados, la Administración debe cesar la práctica de separarlos de sus padres y demás familiares.

Desde principios de mes, la Administración Trump ha mantenido una intensa campaña de presión para que el Congreso cierre las “lagunas legales” que, a su juicio, alientan la emigración ilegal desde Centroamérica a EEUU. En realidad esas “lagunas” son las protecciones que garantizan las leyes y acuerdos actuales para poblaciones vulnerables que huyen de la violencia. El gobierno se abre a la posibilidad de más demandas, por su práctica de violar el debido proceso de los inmigrantes que llegan a la frontera.

Además, Steven Wagner, a cargo de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Recursos Humanos reconoció que la agencia le perdió el rastro a cerca de 1,500 menores de edad, una vez que éstos salieron de sus instalaciones y fueron entregados a familiares o adultos responsables. 

 

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