EL MULTIMILLONARIO NEGOCIO DETRÁS DE LA DETENCIÓN DE INMIGRANTES 
65% DE LOS CENTROS DE DETENCIÓN ES PROPIEDAD DE EMPRESAS PRIVADAS
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Mientras la opinión pública de Estados Unidos reaccionaba con indignación ante la separación de miles de niños de sus padres inmigrantes que cruzaban ilegalmente la frontera sur del país, las empresas que gestionan los centros de detención de inmigrantes veían mayores oportunidades.

Solamente en 2017, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) destinó casi $3.000 millones para costear el sistema de detención de extranjeros, que se ocupa de los casos están pendientes de resolver por los tribunales o cuya deportación ya ha sido acordada.

Una parte mayoritaria de estos lugares pertenecen o son administrados por compañías privadas. En torno a 65% de las camas de las que dispone el gobierno federal para albergar a inmigrantes están en manos de empresas privadas. Y esa cifra está creciendo con la actual crisis migratoria.

Paradójicamente, con la reciente decisión de Trump de poner fin a la separación de los menores de sus padres, el volumen de negocio de estas compañías podría crecer en lugar de disminuir.

Los centros de detención de inmigrantes son una pieza central del modelo de negocio de las empresas que se dedican a administrar cárceles privadas como CoreCivic y Geo Group

En 2017 la empresa Geo Group una de las principales compañías que presta servicios a los gobiernos en la gestión de cárceles y centros correccionales en varios países del mundo, obtuvo ingresos de $184 millones por contratos relaciones con ICE, y con el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos.

Probablemente, el más llamativo de estos centros sea Casa Padre, construido en las instalaciones de lo que antes era un hipermercado de Walmart y que cuenta con unas 1.500 camas.

Pero el negocio de dar alojamiento a los inmigrantes detenidos aún puede crecer más en los próximos meses.

Tras revocar la medida de separación de menores el gobierno quiere que las familias permanezcan juntas, pero bajo un régimen de detención que aparentemente se extendería de forma indefinida hasta que los padres hayan sido procesados penalmente.

Esa idea es de difícil aplicación y se prevé que podrá ser impugnada ante la justicia. Sin embargo, en caso de que pueda ejecutarse podría traducirse en un incremento tanto del número de detenidos como del tiempo de alojamiento.

Así se abriría la oportunidad para crear y cobrar por nuevos centros para alojar a las familias detenidas. 

 

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