El fiscal general de California, Xavier Becerra, encabeza una coalición de 10 estados que presentó una moción “amicus brief” al Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito en torno al caso Rodríguez vs. Marín, con el fin de que los inmigrantes detenidos tengan acceso a la justicia dentro de un debido proceso.

Junto con Becerra, los fiscales generales de Connecticut, Maine, Massachusetts, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia argumentan que la detención prolongada e innecesaria de personas que están siendo procesadas para establecer el derecho a permanecer en los Estados Unidos, es devastadora para los detenidos, sus familias y comunidades.

La mayoría de esas personas, afirman, no constituyen un peligro para la sociedad, ni riesgo de fuga.

De acuerdo con la moción presentada, antes de encarcelar a un inmigrante indocumentado, un árbitro neutral debe decidir si la detención prolongada es necesaria, y esa decisión debe revisarse periódicamente. También se deben proporcionar pruebas para justificar cualquier detención.

Por otra parte, Emilio Gutiérrez Soto, de 55 años, un periodista mexicano ahora becado por el prestigioso programa Knight-Wallace Fellowship de la Universidad de Michigan tras ocho meses de detención junto a su hijo Óscar, de 25 años, en el Centro de Detención de El Paso (Texas) denunció que las instalaciones para inmigrantes como “campos de concentración” y son peores que las de las cárceles de presos comunes.

“Nos tratan como ganado. Cada vez que nos servían sopa, porque nos servían una cucharada con lechuga, me acordaba de la comida para los marranos”, dijo desde un templo en Las Cruces, Nuevo México, al que acudió tras su liberación.

Calificó esa situación de “secuestro” y denunció que los detenidos sólo reciben $1 por día de trabajo.

El hombre aprovechó para hacer un llamado al Gobierno de México para que medie a través de su representación consular en El Paso con las autoridades estadounidenses en la mejora de condiciones en el centro.

Gutiérrez huyó a EEUU en 2008 tras recibir informes de que militares mexicanos estaban tratando de matarlo por sus reportes en el periódico El Diario, con sede en Ciudad Juárez, por lo que solicitó asilo político y tardó ocho años en obtener una audiencia.

Él y su hijo fueron detenidos en diciembre del año pasado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) después de que un juez de inmigración rechazara su solicitud de asilo. 

EEUU inició entonces los trámites de deportación de Gutiérrez, apenas seis semanas después de que recibiera en el Club Nacional de Prensa de Washington el premio “Libertad de Prensa”, uno de los honores más importantes de esa institución.