FISCAL GENERAL, JEFF SESSIONS, ORDENA ACELERAR LAS DEPORTACIONES DE INMIGRANTES INDOCUMENTADOS  
BUSCA REDUCIR LA ACUMULACIÓN DE 700.000 CASOS DE DEPORTACIÓN EN LOS TRIBUNALES
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El fiscal general, Jeff Sessions, emitió el jueves 16 una orden provisional para acelerar la deportación de inmigrantes indocumentados. Los jueces solo podrán posponer los casos de deportación si presentan “una buena causa” –cuando el inmigrante tenga posibilidades de permanecer en el país solicitando asilo o recibiendo algún tipo de visado o permiso de trabajo–. 

El mandato interno de Sessions vuelve a amenazar con un recrudecimiento de su política migratoria mientras intenta desesperadamente reducir la acumulación de casos de deportación en los tribunales, que se han duplicado en la última década. Y dice que está tratando de borrar el atraso de casi 700,000 casos.

A diferencia del sistema judicial federal, los tribunales de inmigración dependen del Departamento de Justicia y el fiscal general puede intervenir. A Sessions, un exsenador republicano se le atribuyó la política de tolerancia cero que separó durante dos meses a los padres de sus hijos al cruzar sin papeles la frontera desde México y establecer nuevas medidas contra la inmigración ilegal.

La orden provisional dictada a los jueces se dio a conocer el mismo día que la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) anunció la incorporación de 23 nuevos jueces de inmigración, elevando el total a 351. Desde finales de enero de 2017, han jurado 82 nuevos jueces de inmigración y la EOIR prevé contratar al menos 75 más. 

Sin embargo, los jueces de inmigración a menudo ponen estos casos en espera. El denominado “cierre administrativo” es una práctica que permite a los jueces poner en espera indefinida los procedimientos de deportación. Es por esto que Sessions, está considerando revocar las decisiones de los jueces.

Un análisis de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de 2017 mostró que el número de casos que se extienden de un año a otro se duplicó entre 2006 y 2015, principalmente porque se concluyen menos. 

Además, y por primera vez el Departamento de Justicia está estableciendo cuotas para los jueces de inmigración, presionándolos para que resuelvan los casos rápidamente a fin de cumplir con los estándares de desempeño.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), calificó la orden de Sessions de “preocupante” porque una vez más “se ha movido en la dirección de restringir los derechos al debido proceso para las personas que se encuentran en procedimientos de deportación”. 

 

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