Corte Suprema de Arkansas sigue supervisando escuelas públicas
Por Michel Leidermann
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El pleito por el financiamiento justo de la escuelas públicas de Arkansas permanecerá supervisado por el Tribunal Supremo del Estado según dictaminó la Corte el pasado jueves 30, el Tribunal mantendrá la jurisdicción sobre el caso por otros 6 meses, citando la falta de información y documentación que necesitaba de parte de la oficina de Procurador General de Arkansas, para demostrar que el estado ha mejorado su ayuda financiera a escuelas públicas.
En una decisión de 5 a 2, la Corte dijo que no está afirmando que los esfuerzos del estado han fallado, pero acentuó que necesita más información antes de cerrar el caso que ya lleva 14 años en pleito.
Las dos jueces disidentes dijeron, como lo hicieron previamente, que la Corte sobrepasaba su autoridad al mantener el caso abierto.
El procurador Mike Beebe, que fue elegido como próximo gobernador de Arkansas el 7de Noviembre, declaró que si la Corte deseaba más información, debía haberla pedido.
La Corte ha reabierto el caso dos veces anteriormente. Tomó la rara medida de reabrir el caso ya cerrado, el año 2004 después de la inacción por la legislatura y del gobierno de Mike Huckabee para resolver los disparidades económicas en las diferentes escuelas de Arkansas , y luego en 2005 después de que el financiamiento de las escuelas públicas fuera congelado por falta de presupuesto.
Una decisión en diciembre del 2005 causó la nueva orden del jueves 30. Hace un año, la Corte fijó un plazo hasta el 1 de diciembre para que el estado implementara un sistema de financiamiento adecuado para la educación publica. La legislatura y el gobernador Mike Huckabee, en una sesión legislativa especial en abril de este año, agregaron $57 millones para las escuelas públicas en el 2006 y $87 millones para el año fiscal 2007.
El 17 de Noviembre pasado, cuatro distritos escolares encabezados por el distrito de Rogers, pidieron a la Corte para mantener el caso abierto pasado la fecha límite y volver a nombrara a dos jueces especiales para evaluar si lo qué hizo el estado las cumplen con el requisito constitucional de un sistema educativo adecuado y equitativo para todos los alumnos y todas las escuelas del estado.
La oficina de Beebe ha defendido al estado en el caso frente a los magistrados. Llamó la decisión de la Corte un chasco y afirmó que su oficina no erró no enviando información adicional no pedida específicamente. “Cuando la Corte dictaminó por última vez en este caso… la Corte no pidió ni solicitó ningún informe más de parte del estado”. Beebe añadió en una declaración. “Después de la terminación de la sesión legislativa especial de abril, la Corte seguía manteniéndose en silencio, no expresando ninguna preocupación o descontento con las medidas tomadas por la Asamblea General. Solamente lo esta haciendo ahora por causa de la demanda de un puñado de los distritos.
Por otra parte los jueces dijeron que “Deseamos subrayar que esta Corte no está prejuzgando si se ha cumplido el mandato constitucional o no. Simplemente no nos han proporcionado la información necesaria para hacer una determinación informada. También recalcamos que no es intención de esta Corte supervisar la sesión de la Asamblea General el año 2007. Si se hubiera proporcionado a esta Corte toda la información con respecto a la conformidad constitucional con anterioridad nosotros habríamos podido comenzar nuestra evaluación bastante antes de la sesión del 2007.”
La Corte anteriormente nombró a los jueces especiales Bradley Jesson de Fort Smith y David Newbern de Little Rock, como jueces especiales para evaluar las acciones del estado en materia de las escuelas públicas.
Esta es la tercera vez que la Corte ha designado a Jesson y Newbern en ese papel. La Corte había dado al estado 30 días para proporcionar “todas las leyes de la Asamblea General, todas las regulaciones promulgadas, todos los informes relevantes, y cualquier otra información referente a la conformidad constitucional” pero amplio el plazo del caso por 180 días, para dar suficiente bastante tiempo para los jueces especiales estudien los y evaluar las acciones, y para que la Corte emita su decisión final.
El caso comenzó en 1992 con un pleito interpuesto por el pequeño distrito escolar de Lake View en el condado Phillips. El distrito Lake View se convirtió en parte del distrito Barton-Lexa en el 2004.
En 2002, la Corte sentencio que el financiamiento de las escuelas públicas en Arkansas era inadecuado y no equitativo, y, como tal, inconstitucional. En 2004, cuando el estado había hecho poco para responder a la opinión 2002, la Corte reasumió el caso, designando jueces especiales para evaluar la situación. El estado respondió aprobando aumentos de impuesto estimados en recaudar $380 millones para la educación y decretando numerosos otros leyes relacionadas con la educación.
En 2005, la legislatura y el gobernador Mike Huckabee congelaron el gasto estatal para educación por cada estudiante (unos 450,000) y no habían completado un estudio sobre las necesidades de la educación, según lo requiere la ley. Esa situación incentivó a la Corte para reabrir el caso por segunda vez, designando otra vez a los jueces especiales. Eso condujo a la sesión especial de abril del 2006. El “Fondo para escuelas públicas”, desde el cual el estado envía dólares recaudaos por impuestos a los distritos escolares, es $2.44 mil millones para el año fiscal 2007. El rédito total para la educación en Arkansas de fuentes locales, estatales y federales, ha aumentado a partir de $2.2 mil millones el año 1995-96 a $4 mil millones el año escolar 2004-05.
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