JUEZ ANULA OBLIGACIÓN DE TRABAJO PARA OBTENER MEDICAID EN ARKANSAS 
ESTE PROGRAMA FUE REBAUTIZADO COMO ARKANSAS WORKS
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El miércoles 27, un juez federal anuló los requisitos de trabajo de Medicaid en Arkansas y Kentucky, y dijo que la administración del presidente Donald Trump, al aprobar esas exigencias, no había considerado el efecto que tendrían en el objetivo del programa Medicaid para brindar cobertura de salud a las personas necesitadas.

En un par de fallos en Washington, DC, el juez de distrito, James Boasberg evacuó la aprobación de los requisitos de la administración de Trump en ambos Estados y los envió de vuelta al Secretario de Servicios Humanos y de Salud, Alex Azar, para una revisión adicional.

El gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, dijo que apelaría la decisión y solicitó una resolución expedita. Hutchinson dijo en una declaración que estaba “decepcionado por la decisión del juez”. En Arkansas este programa fue rebautizado como Arkansas Works.

El administrador de los Centros Federales de Servicios de Medicare y Medicaid, Seema Verma, dijo que “continuará defendiendo nuestros esfuerzos para dar a los Estados una mayor flexibilidad para ayudar a los estadounidenses de bajos ingresos a salir de la pobreza”.

Kevin De Liban, un abogado de Legal Aid of Arkansas, dijo que el fallo bloquea a Arkansas de expulsar a más inscritos del programa por falta de cumplimiento con el requisito de estar trabajando o buscando trabajo.

“Lo que esto significa el fallo es que 180,000 residentes de Arkansas tienen su cobertura es asegurada, que pueden tener atención médica y que no la van a perder debido a estas trampas de cesación ilegales y dañinas”, dijo. El grupo con sede en Jonesboro es una de las tres organizaciones que presentaron la demanda en agosto en nombre de varios inscritos en Arkansas Works.

Dos de los mismos grupos, el Programa de Ley de Salud Nacional y el Centro de Ley de Pobreza del Sur, también representaron a los demandantes en el caso de Kentucky.

Desde junio pasado hasta enero, 18,164 afiliados de Medicaid en Arkansas perdieron su cobertura después de incurrir en tres meses de incumplimiento. Los que perdieron la cobertura eran elegibles para volver 

La Fiscal General de Arkansas, la republicana Leslie Rutledge, acordó que la decisión significa que los afiliados de Arkansas Works adicionales no pueden ser despedidos del programa por no pasar 80 horas al mes en el trabajo u otras actividades aprobadas.

Arkansas Works cubre a los residentes de Arkansas que se convirtieron en elegibles para Medicaid a través de la expansión, bajo la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud a Bajo Precio de 2010, que extendió la elegibilidad a adultos con ingresos de hasta 138% del nivel de pobreza. El límite de ingresos este año es de $ 17,236 para una persona o $ 35,535 para una familia de cuatro.

Más de 235,000 residentes de Arkansas se inscribieron en el programa a partir del 1 de marzo 2018.

El requisito de trabajo del programa entró en vigencia en junio, lo que convierte a Arkansas en el primer Estado en los más de 50 años de historia del programa de Medicaid en implementar dicho requisito para algunos de sus afiliados.

Para mantener su cobertura, los afiliados de Arkansas Works debían informar sobre sus actividades utilizando un sitio web estatal o por teléfono, una opción que se agregó en diciembre. Los inscritos que no cumplieron con el requisito de trabajo durante tres meses durante un año fueron despedidos del programa y se les prohibió volver a inscribirse por el resto del año.

El requisito se introdujo gradualmente el año pasado y en enero para los inscritos entre las edades de 30 a 49 años, y se agregó este año para las edades de 19 a 29 años.

En su decisión, Boasberg dijo que una carta de Verma del 5 de marzo de 2018 que aprobaba el requisito de Arkansas, no respondía adecuadamente a las preocupaciones expresadas durante un período de comentarios públicos sobre las pérdidas de cobertura que se producirían.

Al rechazar el requisito de trabajo, Boasberg dijo que el mismo razonamiento podría usarse para justificar cualquier cambio en el programa estatal de Medicaid. 

 

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