Ciudad de Escondido no aplicará ley contra indocumentados
SAN DIEGO, CALIFORNIA - La ciudad de Escondido decidió no poner en vigencia una ordenanza que sanciona a los dueños de viviendas que arrienden a inmigrantes indocumentados, bloqueando una medida adoptada por varias comunidades en varios puntos del país. Asimismo la ordenanza consideraba tomar medidas contra los trabajadores indocumentados.
El concejo municipal de Escondido decidió, en una sesión privada el miércoles 13, llegar a un acuerdo que ponga fin al litigio entablado por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) sobre el asunto e impida que la ciudad aplique la ordenanza.
El mes pasado, el juez federal John Houston, bloqueó temporalmente la aplicación de la ley municipal. El juez afirmó que dudaba que la ley sobreviviera y que a su vez inflingiría grave perjuicio legal a los inquilinos y a los dueños de viviendas en el suburbio de Escondido situado a 48 kilómetros al norte de San Diego, donde los latinoamericanos constituyen un 42% de la población total de 142,000 habitantes.
La ACLU y otros grupos habían enjuiciado al municipio en nombre de dos propietarios de Escondido y de dos mujeres que viven en el país ilegalmente pero cuyos hijos son ciudadanos estadounidenses y van a la escuela en la ciudad.
El concejo municipal votó 3-2 en octubre para obligar a los propietarios a que presenten documentación sobre el estado de inmigración de sus inquilinos ante el municipio, que a su vez iba a verificar la información con el gobierno federal.
Si se determinaba que los inquilinos eran inmigrantes ilegales, los caseros tendrían un plazo de 10 días para desahuciarlos o podrían perder su licencia de alquiler. Los reincidentes podrían ser condenados por delitos menores y multas.
Más de 50 municipalidades en todo el país han debatido y aprobado o rechazado leyes a fin de combatir la inmigración ilegal. Entre ellas están las ciudades de Rogers y de Springdale en Arkansas.
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