Falla Corte mexicana a favor de militares con SIDA
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó recientemente la expulsión de soldados del Ejército mexicano que fueron declarados inútiles por la institución castrense, tras detectarse que tenían el virus del SIDA.
El supremo mexicano, que también tiene funciones de Tribunal Constitucional, estimó después de dos años de litigios, cuatro de 11 amparos (juicios de garantías) interpuestos por los ex militares que fueron expulsados de las Fuerzas Armadas.
Dentro de los casos analizados se encuentra el de un ex militar fallecido, al que hay que sumar otro más que será revisado en las subsiguientes sesiones del Alto Tribunal.
En la quinta vista del debate, una mayoría de magistrados, 8 contra 3 votos, calificó de “inconstitucional” la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFAM) del 2 de julio de 2003.
Los partidos políticos mexicanos avalaron en 2003 una ley que permitía expulsar a cualquier militar portador del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y darle sólo una compensación final.
El supremo precisó que su fallo “no obliga de ninguna manera al Ejército mexicano a tener en sus filas a militares que sean portadores de VIH, dentro o fuera de servicio”.
“La inconstitucionalidad se basa en la parte de la ley que establece el caso de dar de baja a los militares por inutilidad”, sostuvo el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia.
Añadió que “habiendo un certificado médico los militares pueden permanecer dentro de las Fuerzas Armadas o como administrativos, dependiendo del estado de salud en que se encuentren”.
La Secretaría de Defensa (ministerio de Defensa, Sedena) dio de baja entre 2000 y 2005 a 164 militares con VIH, a los cuales se les negó una pensión y atención médica con el argumento de que no cumplían con la antigüedad de 20 años en el Ejército.
En los análisis de SCJN también están en juego las prestaciones en salud para las familias de los expulsados.
Hasta el momento, estas purgas han sido llevadas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organismo público que hace las veces de Defensoría del Pueblo, que las ha justificado al alegar que están reglamentadas y apegadas a la ley.
Fuentes cercanas al caso explicaron que desde 2001 se realizan en México pruebas masivas de detección del VIH en las Fuerzas Armadas, en muchos casos sin el permiso de los soldados.
Los magistrados se centraron en el artículo 226 de la ley del ISSFAM que se aplica en el Ejército, el cual estipula que cuando un padecimiento dure más de seis meses se puede declarar inútil al soldado.
En los cuatro casos estudiados hasta ahora el Supremo ordenó que el Ejército “deberá reinstalarlos” en el cargo si demuestran ser aptos mediante un certificado médico.
En el litigio, seguido de cerca por organizaciones de defensa de los derechos humanos, está en juego la garantía de igualdad y no discriminación, el derecho a la salud y el derecho a un empleo estable.
El Ejército no es la única institución que mantiene en México un control de VIH entre sus miembros, ya que este examen también es requisito para ingresar a la Policía Federal Preventiva (PFP), informó uno de los abogados personados en la causa.
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