Inició juicio de ayuntamiento contra inmigrantes ilegales
HAZLETON, Pensilvania - Un juicio en Estados Unidos que comenzó el lunes 12 será el primero en explorar cuán lejos los gobiernos locales pueden ir en su afán por combatir la inmigración ilegal, un tema sumamente delicado en Estados Unidos.
Esta ciudad se convirtió en noticia a nivel nacional cuando intentó penalizar a los propietarios que rentan viviendas a inmigrantes ilegales y a los negocios que les dan trabajo.
La Ordenanza Alivio de la Inmigración Ilegal, propuesta por el alcalde Barletta, habría impuesto multas a los caseros que renten vivienda a indocumentados y anularía los permisos de operación a las empresas que los contraten. Una medida paralela exige a los inquilinos que se registren ante las autoridades locales.
Aproximadamente 12 millones de inmigrantes indocumentados viven en EUA, y casi 100 otras ciudades han intentado frenar su crecimiento e ingreso, proponiendo medidas para que se utilice sólo el idioma inglés y trabajar con autoridades de inmigración, el ICE, para denunciar y expulsar a residentes ilegales.
El alcalde de Hazleton, Lou Barletta, quien presionó para la aprobación de las ordenanzas, dijo que los inmigrantes indocumentados se estaban uniendo a pandillas, además de traficar con drogas, cometer crímenes violentos y destruir la calidad de vida en esta ciudad de 31,000 habitantes.
“No sólo luchamos por Hazleton, luchamos por las ciudades en todo Estados Unidos. Las pequeñas comunidades no pueden seguir sin tomar acción ya que el gobierno nacional no hace nada al respecto”, expresó Barletta.
Pero la Unión de Libertades Civiles (ACLU) y grupos latinos, los cuales demandaron judicialmente a la ciudad, califican a las medidas de racistas y causantes de división, además de afectar la facultad exclusiva del gobierno federal de los Estados Unidos, para regular la inmigración.
El juez de distrito James Munley ha prohibido la aplicación de las leyes hasta que concluya el juicio, pero inclusive la amenaza de acciones ha llevado a muchos latinos a abandonar la ciudad, y los negocios que les surten informan de una caída mayúscula en las ventas.
En documentos presentados ante tribunales, Hazleton dijo que los inmigrantes ilegales han cometido al menos 47 crímenes desde la primavera anterior - incluido el asesinato a tiros de un hombre de 29 años - los cuales consume gran parte del presupuesto para horas adicionales de la policía. Un tercio de los arrestos relacionados con droga en 2005 fueron de indocumentados, y han provocado el aumento de los costos de atención médica y educación, informó el ayuntamiento de Hazleton.
No existe evidencia alguna para respaldar la aseveración del alcalde de Hazleton de que indocumentados están destruyendo la calidad de la vida en esa ciudad, declaró el abogado Witold Walczak, director legal en Pensilvania de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por las siglas en inglés de American Civil Liberties Union), ante el juez Munley.
‘’Inclusive si los inmigrantes ilegales están causando problemas en Hazleton, eso no altera el análisis legal’’ de que la represión contra los indocumentados sustraer el papel del gobierno federal en el tema de la inmigración al país, manifestó Walczak.
Se espera que el juicio demore unas dos semanas y su sentencia sea clave creando jurisprudencia para los demás casos en el país.
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