Abogados defienden derechos de inmigrantes frente a 145 ayuntamientos
Mientras en Washington diversos grupos debaten sobre una posible reforma migratoria, hay otra lucha que se está dando en los tribunales de todo el país: docenas de demandas intentan anular leyes locales contra los inmigrantes. Más de 145 municipalidades en 29 estados han aprobado o intentan aprobar medidas que pretenden eliminar a nivel local la inmigración indocumentada.
Pero un ejército de abogados y activistas está luchando contra las ordenanzas, ya sea trabajando para prevenirlas o emprendiendo acciones legales. En muchos casos están ganando, dijo Kristina Campbell, abogada del Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF).
El caso más sonado en este momento es del de Hazleton, Pennsylvania, donde actualmente se lleva a cabo el juicio sobre la medida, aprobada el verano pasado, que multa a los dueños de casa que alquilen a indocumentados y les retira los permisos comerciales a compañías que los empleen. Otra ordenanza requiere que los inquilinos se inscriban con la ciudad.
Pero la de Hazleton es apenas una muestra de lo que viene ocurriendo en muchos rincones del país.
Las ordenanzas aprobadas, la mayoría en pueblos y ciudades pequeñas pero algunas en condados y ciudades grandes, van desde las multas a dueños de viviendas y negocios, medidas “sólo inglés”, limitaciones a servicios públicos, prohibiciones a jornaleros a que se congreguen públicamente, desalojo de campesinos indocumentados de vivienda pública, acuerdos para entrenar a policías locales en tareas de inmigración y hasta la prohibición de ondear una bandera que no sea la estadounidense.
Esta última ordenanza es una de las más curiosas y ayudó a poner en el mapa, aunque no de la mejor manera, a Pahrump, un pequeño pueblo del estado de Nevada. La localidad de 37 mil habitantes, está ubicada a 60 millas de Las Vegas. En noviembre, por iniciativa del concejal Michael Miraglia, el Concejo de esa ciudad aprobó una ordenanza que tituló: “Ley de la lengua inglesa y reafirmación patriótica”. Dicha ley declaró al inglés el idioma oficial del pueblo, negó la concesión de servicios a indocumentados —aunque no especificó cuáles, y prohibió que se ondeara cualquier bandera que no fuera la de estrellas y barras.
La presión de grupos latinos y de organizaciones como ACLU y MALDEF, logró que la controversial ordenanza fuera anulada hace un mes sin que jamás fuera aplicada y varios de los concejales que la apoyaron no fueron reelegidos en las elecciones.
Los abogados obtuvieron otro triunfo reciente en la localidad de Valley Park, Missouri, un pueblo en el que hay menos de 100 inmigrantes. Una juez estatal anuló dos ordenanzas aprobadas por esa municipalidad porque violaban la ley estatal. La ley, aprobada en diciembre, multaba severamente (con más de $500 por caso y con la retirada del permiso comercial por 5 años) a negocios que contrataran a indocumentados o a dueños que les alquilaran apartamentos.
Como en el caso de Escondido, California, algunas localidades han retrocedido en sus intentos de aprobar estas medidas debido a la inminencia de demandas y de costos legales, que terminarían por “comerse” cualquier ahorro presupuestal que éstas generaran por el no otorgamiento de servicios a los indocumentados.
Aunque algunas leyes resultan contrarias a la ley estatal y por tanto, inválidas, el principal argumento de los abogados ha sido el constitucional y la prioridad de las leyes federales por encima de las locales. El principal argumento es que las leyes de inmigración son responsabilidad del gobierno federal y no de los gobiernos locales.
Los abogados, entre ellos de grupos como MALDEF y ACLU, así como también representantes de los dueños de viviendas y negocios que se sienten injustamente perseguidos, alegan que el efecto de estas leyes punitivas no lo sienten sólo los inmigrantes, sino los comerciantes y otros ciudadanos y residentes legales.
Además, el precio que tenga defenderse de las demandas contra las municipalidades, deberá ser costeado por los contribuyentes locales, la propia gente que estas leyes buscan proteger.
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