México endurece trato a migrantes que pasan por su territorio
MÉXICO, D.F.— Cuarenta días de aislamiento a indocumentados “peligrosos”, segregación por enfermedades infectocontagiosas o antecedentes criminales y cuotas indefinidas por uso de teléfono en las estaciones inmigratorias son algunas de las nuevas normas que prevé ejecutar el Instituto Nacional de Migración (INM) para proteger la frontera sur.
El proyecto de normas de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) es presentado para su análisis justo en el momento en que el Banco Mundial anunciara que México es el principal expulsor de inmigrantes del mundo: dos millones de personas cruzaron la frontera para trabajar en Estados Unidos entre 2000 y 2005 y para los que ha pedido respeto.
“Qué terrible tener que aceptar que los mexicanos se enfrentan a los Minuteman, la Patrulla Fronteriza, el caudal del río, pero que nada de eso es comparable con lo que sufren los inmigrantes que intentan pasar por el sur, señalado por muchos autores como la frontera maldita”, dice Ana María Aragonés, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Entre las modificaciones que prevé Cofemer para el nuevo trato a los inmigrantes sin papeles en las 48 estaciones inmigratorias en México se encuentra el incremento de 20 a 40 días del aislamiento del detenido “cuando ponga en peligro la vida de los asegurados o del personal”.
Además, advierte que “el encargado de la estación inmigratoria podrá separar del resto de la población a extranjeros con antecedentes criminales y en el caso de que el servicio médico detecte alguna enfermedad contagiosa”.
En cambio, se ignoran herramientas básicas para que el inmigrante pueda auxiliarse en su defensa como un servicio telefónico local gratuito, información sobre apoyo legal, albergues especiales para niños y contacto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Organismos defensores de derechos humanos afirman que una vez detenidos, los indocumentados sufren de maltratos y descuidos: “Los tratan como animales”, sostiene Alejandro Solalinde, diocesano pastoral de la organización católica Movilidad Humana, “en parte porque la ley impulsa este tipo de conductas”.
A principios de febrero pasado, mientras la diplomacia mexicana exigía a la gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, que investigara a fondo un incidente en el que murieron tres inmigrantes mexicanos; en Arriga, Chiapas, medio millar de indocumentados centroamericanos entre ellos niños y embarazadas fueron detenidos a punta de macanazos por agentes de inmigración.
“Nos hemos convertido en la más severa coladera, hacemos el trabajo sucio a Estados Unidos y damos un trato inhumano a los transmigrantes”, opina el diputado Edmundo Ramírez.
En noviembre de 2006, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución para la protección de los inmigrantes —presentada por México—, en la que condena enérgicamente las manifestaciones de racismo, discriminación y xenofobia contra los inmigrantes.
Por esas fechas, la CNDH hacía un llamado para castigar a elementos de seguridad de Transportación Ferroviaria Mexicana en Coahuila que en abril de 2005 tiraron desde un tren en marcha a una joven guatemalteca a quien le tuvieron que amputar una pierna.
“No es posible que en lugar de arreciar las medidas contra los abusos, se arrecien contra los inmigrantes”, añade el diputado Ramírez, “haremos un llamado de atención”.
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